La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió este martes aplazar dos fallos clave contra la prisión preventiva oficiosa, dejando las resoluciones en manos del nuevo pleno que se instalará en septiembre, compuesto por nueve ministros electos en junio y señalados como cercanos a Morena.
En una reunión privada, los diez ministros actuales acordaron por unanimidad no debatir los proyectos de sentencia elaborados por los ministros salientes Jorge Pardo Rebolledo y Ana Margarita Ríos Farjat. El primero planteaba que México debía acatar la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que declaró inaplicable la prisión preventiva oficiosa y el arraigo; el segundo proponía declarar inconstitucional la reforma que amplió el catálogo de delitos sujetos a esta medida.
La prisión preventiva oficiosa —obligatoria para ciertos delitos— está prevista en la Constitución, pero ha sido duramente cuestionada por la ONU, la Corte IDH y organizaciones de derechos humanos, que la consideran contraria a las normas internacionales y violatoria del derecho a la libertad personal y al debido proceso.
Pese a las críticas, la presidenta Claudia Sheinbaum, al igual que su antecesor Andrés Manuel López Obrador, ha defendido la medida como un instrumento para combatir la criminalidad y proteger a jueces. Especialistas, sin embargo, advierten que no reduce la violencia y agrava el problema de la justicia lenta, en un país donde solo 2 de cada 10 acusados reciben sentencia condenatoria.
Datos del Inegi revelan que 4 de cada 10 personas privadas de la libertad no han recibido sentencia; entre ellas, 36.7% son hombres y 46.9% mujeres.
