En una decisión sin precedentes, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) reconoció este miércoles el derecho de los países más vulnerables al cambio climático a demandar a otras naciones por los daños derivados de sus emisiones históricas de gases contaminantes.
Aunque la resolución no es jurídicamente vinculante, expertos en derecho internacional la consideran un hito legal con implicaciones globales: permite que naciones afectadas por fenómenos extremos como huracanes, inundaciones o el aumento del nivel del mar reclamen indemnizaciones a los mayores emisores de gases de efecto invernadero.
“Esta es una victoria no solo para nosotros, sino para todas las comunidades afectadas que luchan por ser escuchadas”, declaró emocionada Flora Vano, de Vanuatu, uno de los países que impulsó el caso ante la CIJ.
El origen de este fallo histórico se remonta a 2019, cuando un grupo de jóvenes estudiantes de Derecho de las islas del Pacífico, encabezados por Siosiua Veikune de Tonga, propuso llevar la lucha climática a la máxima corte de Naciones Unidas.
Responsabilidad histórica y deber de reparar
El tribunal rechazó el argumento de que los acuerdos internacionales vigentes —como el Acuerdo de París de 2015— bastaban para abordar la crisis climática. Según el juez Iwasawa Yuji, los países que no cumplen sus compromisos climáticos están violando el derecho internacional, incluso si no han firmado acuerdos específicos.
La sentencia también establece que los gobiernos son responsables por las emisiones de las empresas que operan en sus territorios, lo que incluye subsidios a combustibles fósiles y nuevas licencias de extracción de petróleo y gas.
El fallo reconoce que si un país no puede restaurar su territorio tras un desastre vinculado al cambio climático, puede reclamar una compensación económica, lo cual sienta las bases para futuras demandas de indemnización.
Posibles consecuencias
Aunque Estados Unidos y China —dos de los mayores emisores— no han aceptado la jurisdicción de la CIJ, los países afectados pueden presentar demandas en tribunales nacionales o regionales, citando esta sentencia como referente jurídico internacional.
“Es una decisión histórica que podría cambiar el panorama de la justicia climática”, afirmó la abogada Joie Chowdhury, del Centro para el Derecho Internacional Ambiental.
Según un estudio publicado en Nature, el cambio climático provocó pérdidas por 2.8 billones de dólares entre 2000 y 2019, lo que equivale a 16 millones de dólares por hora.
Las Islas Marshall, por ejemplo, estiman que necesitarán al menos 9 mil millones de dólares para adaptarse a los efectos del cambio climático, cifra que supera con creces su capacidad económica.
¿Y ahora qué?
La CIJ no cuenta con mecanismos para obligar a los países a cumplir sus decisiones. “Depende del respeto al derecho internacional y de la presión política global”, explicó el abogado Harj Narulla, representante de las Islas Salomón.
Un portavoz de la Casa Blanca —en referencia a la postura de Donald Trump— respondió que su administración prioriza “los intereses de los estadounidenses de a pie”.
Aun así, el precedente ya está puesto. La justicia climática, que durante décadas pareció un reclamo moral, ahora tiene fundamento legal.
