El Pleno de Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió, en sesión privada, la extinción de seis fideicomisos, que en conjunto acumulan 7 mil millones 117 millones de pesos, antes del próximo 15 de diciembre, con el objetivo de financiar la elección extraordinaria del próximo año, para cargos del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Luego de que la presidenta del Máximo Tribunal, ministra Norma Lucía Piña Hernández, presentó el último informe sobre la administración de dichos fideicomisos, correspondiente a 2024, se aclaró que a la fecha no se firmado su extinción y se planteó iniciar con el procedimiento, para dar cumplimiento a lo estipulado en la Reforma Judicial.
Los órganos del PJF y, en su caso, de las entidades federativas, llevarán a cabo los actos y procesos necesarios para extinguir los fondos, fideicomisos, mandatos o contratos análogos que no se encuentren previstos en una ley secundaria, por lo que tendrán un plazo máximo de noventa días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto para enterar la totalidad de los recursos remanentes en dichos instrumentos, así como los productos y aprovechamientos derivados de los mismos, a la Tesorería de la Federación o de las entidades federativas, según corresponda”, se establece en el artículo décimo transitorio de la Reforma.
En la sesión privada, la ministra Lenia Batres Guadarrama indicó que el plazo vencerá el próximo 15 de diciembre, por lo que puso a consideración iniciar con el proceso de extinción de los seis fideicomisos.
Entre esos instrumentos se encuentra el fideicomiso de pensiones complementarias para ministros y mandos altos y medios de la Corte, como parte de los 13 fideicomisos, que suman 17 mil 234 millones de pesos, y que deberán desaparecer, como lo resolvió el Congreso de la Unión en octubre de 2023.
La acción de extinción de estos fideicomisos se detuvo, desde diciembre del año pasado, por una suspensión otorgada por el ministro Javier Jaynez Potisek, ante una acción de inconstitucionalidad presentada por legisladores de oposición.
La Primera Sala de la Corte revocó, la semana pasada, la medida cautelar, al reconocer que no se puede detener la medida ordenada en la Reforma Judicial que entró en vigor el pasado 15 de septiembre.
