A pocas semanas de la entrada en vigor de la ley REAL ID en Estados Unidos, sectores conservadores han manifestado su rechazo a la medida, que requerirá una nueva forma de identificación oficial para poder abordar vuelos nacionales y acceder a instalaciones federales.
La REAL ID, aprobada en 2005 tras los atentados del 11 de septiembre, fue concebida como un esfuerzo para reforzar la seguridad nacional mediante estándares más estrictos en la emisión de identificaciones estatales. Sin embargo, su implementación ha sido postergada durante casi dos décadas. Ahora, la administración del expresidente Donald Trump ha fijado el 7 de mayo de 2025 como la fecha definitiva para su entrada en vigor.
La medida ha generado un intenso debate, especialmente entre voces conservadoras que suelen apoyar políticas de seguridad más estrictas. No obstante, en esta ocasión, legisladores como el representante Thomas Massie (Kentucky) y la exgobernadora Sarah Palin han levantado la voz contra la nueva regulación, argumentando que atenta contra las libertades individuales y representa un avance peligroso hacia un sistema de vigilancia gubernamental.
“Si crees que la REAL ID tiene que ver con integridad electoral o seguridad, estás equivocado”, escribió Massie en su cuenta de X. “No ofrece beneficios claros, pero sí implica riesgos graves para la libertad”.
Por su parte, Sarah Palin cuestionó la necesidad de este tipo de documento para viajes internos, acusando a las autoridades de imponer requisitos excesivos a ciudadanos que solo quieren desplazarse dentro del país.
La seguridad, el argumento central
La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) ha defendido la medida, afirmando que la REAL ID ayudará a prevenir fraudes y dificultará el uso de documentos falsos por parte de criminales o posibles terroristas. “Se trata de reforzar los controles de identidad en aeropuertos y puntos estratégicos”, explicó Adam Stahl, alto funcionario de la agencia.
Según un memorándum del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la REAL ID también se alinea con los esfuerzos de la administración Trump para fortalecer los mecanismos de control migratorio y frenar el uso de identificaciones fraudulentas por parte de personas en situación migratoria irregular.
Críticas desde el propio partido republicano
A pesar de tratarse de una medida avalada por una administración republicana, la oposición ha surgido principalmente desde el ala más libertaria del partido. El excongresista Ron Paul calificó la REAL ID como “una de las mayores amenazas a las libertades civiles en décadas”, mientras que otros funcionarios estatales la tacharon de inconstitucional y compararon su exigencia con la vigilancia propia de gobiernos autoritarios.
Patrick Eddington, del Instituto Cato —un centro de pensamiento liberal en lo económico y libertario en lo civil—, señaló que no existen pruebas de que este tipo de identificación haya evitado atentados terroristas desde el 11-S. “Solo añade barreras innecesarias a ciudadanos comunes que necesitan viajar, sin mejorar realmente la seguridad”, argumentó.
Una medida que divide incluso a sus promotores
Mientras que críticos como Massie apuntan a un exceso de control estatal, otros dentro del mismo partido, como el congresista Mark Alford, han llamado a la población a cumplir con el trámite. “Esta ley se aprobó hace 20 años. Ya basta de excusas. Infórmense y obtengan su identificación”, declaró.
Con la fecha límite cada vez más cerca, millones de estadounidenses aún no han obtenido una identificación compatible con la REAL ID, lo que podría generar complicaciones logísticas en aeropuertos y otras instalaciones a partir de mayo.
