Con el objetivo de fortalecer la protección penal frente a conductas de violencia familiar desde el noviazgo, el Consejo Juvenil Universitario del Estado de Querétaro presentó ante el Poder Legislativo un proyecto de reforma al Artículo 217 del Código Penal del Estado, sin crear nuevos delitos ni modificar las penas vigentes, pero precisando el alcance de la norma existente para garantizar una interpretación más amplia y efectiva del derecho a una vida libre de violencia.
La iniciativa fue entregada a la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Ginna Guzmán, así como a la Oficialía de Partes del Congreso local, y busca que la violencia ejercida en relaciones de pareja, noviazgo y otras de naturaleza análoga sea expresamente reconocida dentro del tipo penal de violencia familiar, aun cuando no exista o no haya existido cohabitación.
Paloma Rentería, integrante del Consejo Juvenil Universitario, explicó que la finalidad de la propuesta es dotar de mayor certeza jurídica a las autoridades encargadas de aplicar la ley, al establecer de forma clara que la violencia en relaciones de hecho, de pareja o de cuidado y protección, actuales o pasadas, puede ser sancionada penalmente.
El proyecto plantea armonizar el Código Penal con lo dispuesto en la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de modo que las conductas ya reconocidas por la ley en su carácter antisocial y antijurídico sean también prevenibles y perseguibles penalmente.
La redacción propuesta establece que se considerará violencia familiar, sancionada con pena de uno a cuatro años de prisión, cuando exista agresión por parte de una persona con la que se tenga o se haya tenido una relación de hecho, noviazgo, pareja o cualquier otra análoga, con o sin intención de contraer matrimonio o de cohabitar, incluso si no se vive o no se vivió en el mismo domicilio.
Finalmente, la representante juvenil señaló que el Consejo Juvenil Universitario, integrado por estudiantes de universidades públicas y privadas, presentará la iniciativa a los 25 legisladores del Congreso del Estado con el propósito de obtener respaldo y dar continuidad al proceso legislativo.
