El Consejo de Europa lanzó un llamado a extremar la vigilancia frente a la posibilidad de que algunos países europeos y la Unión Europea consideren prohibir el acceso de menores de edad a redes sociales. El organismo advirtió que, si bien existen preocupaciones legítimas sobre el impacto del uso excesivo de pantallas, las restricciones generales podrían trasladar la responsabilidad de seguridad fuera de las plataformas.
El comisionado de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Michael O’Flaherty, pidió cautela al momento de imponer prohibiciones de gran alcance. Reconoció que hay inquietudes fundadas sobre los efectos que el tiempo prolongado frente a dispositivos puede tener en el desarrollo y la salud mental de niñas, niños y adolescentes.
Sin embargo, subrayó que vetar el acceso a redes sociales puede desviar el foco de la responsabilidad principal. “Los Estados deberían exigir que las plataformas prevengan y minimicen los riesgos para los derechos de los niños por diseño y por defecto”, sostuvo, al tiempo que planteó que las empresas tecnológicas deben rendir cuentas ante cualquier fallo en la protección de usuarios menores.
El debate internacional se intensifica. Desde diciembre, Australia ha solicitado a plataformas como TikTok, YouTube y Snapchat eliminar cuentas de usuarios menores de 16 años, bajo amenaza de sanciones económicas.
En Europa, la discusión también avanza. El jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz, se mostró abierto a una eventual prohibición para menores. En Francia, la Asamblea Nacional aprobó un proyecto de ley que prevé vetar el acceso a estas plataformas a menores de 15 años, aunque el texto aún requiere ratificación del Senado.
De manera paralela, Dinamarca, Grecia, España y Francia han solicitado que la Unión Europea adopte medidas similares. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha manifestado su respaldo a establecer una edad mínima, aunque indicó que primero se escuchará la opinión de expertos.
El Consejo de Europa, con sede en Estrasburgo, recordó su papel como garante de la democracia y los derechos humanos en el continente, enfatizando la necesidad de equilibrar la protección de la infancia con el respeto a los derechos fundamentales en el entorno digital.
