Conjuntan esfuerzos en defensa del patrimonio cultural y arqueológico en núcleos agrarios

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En un acto sin precedente en la Administración Pública Federal, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), y la Procuraduría Agraria (PA) celebraron un Convenio Marco de Colaboración que tiene como objetivo fundamental la protección del patrimonio cultural, arqueológico e histórico de México que se ubique en territorios de ejidos y comunidades.

El acto protocolario tuvo lugar en una reunión llevada a cabo con estricta observancia de las medidas sanitarias, en las oficinas generales del INAH, en la Ciudad de México, con la participación del Procurador Agrario, Luis Hernández Palacios Mirón, y del Director General del INAH, Diego Prieto Hernández.

En la sesión, también estuvieron, en su carácter de enlaces responsables y signantes del convenio, la Coordinadora Nacional de Asuntos Jurídicos del INAH, María del Perpetuo Socorro Villarreal Escárrega, y el Encargado del Despacho de la Subprocuraduría General de la Procuraduría Agraria, Alejandro Chanes Ortiz.

En el acto, el Procurador Agrario, Luis Hernández Palacios Mirón, manifestó la necesidad de conjugar esfuerzos para que la conservación del patrimonio histórico y arqueológico sea un elemento de unión y de preservación de los elementos culturales que están depositados en las mujeres y los hombres que integran los núcleos agrarios en nuestro país.

«Por eso debemos garantizar, a través del diálogo y la comunicación, la creación de una conciencia de recuperación, conservación y difusión de nuestros bienes patrimoniales, por lo que será muy importante comprometer a estos núcleos», indicó.

Por su parte, el titular del INAH, Diego Prieto Hernández, destacó que esta firma formaliza los vínculos de colaboración entre el Instituto y la Procuraduría Agraria, puesto que existe desde hace tiempo el interés mutuo de avanzar hacia un manejo de los sitios y zonas arqueológicas mucho más cercano con las comunidades.

“El trabajo conjunto podrá incidir en una mejor relación con los núcleos agrarios y generar programas donde ellos sientan que el patrimonio arqueológico es un bien que les puede representar beneficios, no solo en términos de identidad, de memoria histórica y de identificación con sus ancestros, sino también en la implementación de esquemas de reorganización que les generen oportunidades de desarrollo, de ingreso y de ocupación productiva”, apuntó.

En las bases de colaboración que rigen este instrumento jurídico, se destaca que ambas instituciones unirán esfuerzos, en el ámbito de sus respectivas competencias, para impulsar acciones encaminadas a la investigación, protección, conservación, preservación, restauración, difusión y promoción del patrimonio cultural, arqueológico e histórico de México, que se ubique dentro de los terrenos de propiedad social.

El convenio celebrado este día cobra particular importancia sobre todo considerando que el Gobierno de México lleva a cabo proyectos estratégicos de infraestructura en estados como Chiapas, Campeche, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán, entidades que cuentan con un importante y vasto patrimonio cultural y arqueológico.

Por ello, tanto la Procuraduría Agraria como el Instituto Nacional de Antropología e Historia acordaron intercambiar información sobre la naturaleza jurídica de los terrenos de propiedad social en los que se ubique patrimonio arqueológico o histórico propiedad de la Nación.

Asimismo, llevar a cabo intercomunicación respecto de los terrenos ejidales y/o comunales que revistan un interés arqueológico o histórico relevante para ser protegidos tomando en consideración la utilidad pública plasmada en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos. Artísticos e Históricos.

De igual forma, ambas instituciones convinieron en que la asesoría para el trámite o gestión de autorizaciones para el caso específico de proyectos relacionados con investigaciones arqueológicas e intervenciones a monumentos históricos corresponderá invariablemente al INAH.

Este convenio de colaboración se mantendrá vigente hasta el 30 de septiembre de 2024, fecha en que concluye la presente Administración Pública Federal.

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