Al finalizar los trabajos de la Primera Audiencia Pública sobre “La invalidez de normas generales por falta de consulta a personas con discapacidad”, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Poder Judicial de la Federación (PJF), ministro Hugo Aguilar Ortiz, afirmó que el Pleno del alto tribunal actúa con buena fe y compromiso para avanzar hacia una sociedad más justa, digna e inclusiva.
Durante tres días de sesiones se escucharon los planteamientos de 102 participantes provenientes de 22 entidades federativas, en jornadas que sumaron cerca de 15 horas de trabajo. Aguilar Ortiz destacó que la Corte ha otorgado vigencia al derecho de consulta, aun sin estar plenamente incorporado en la legislación nacional, como ocurre con los pueblos indígenas, cuyo derecho fue reconocido constitucionalmente apenas el 30 de septiembre de 2024.
El ministro señaló que actualmente no existe una ley ni protocolo de consulta para personas con discapacidad, por lo que el ejercicio representa un paso relevante hacia el reconocimiento formal de sus derechos de participación en la elaboración de normas que les afectan.
Durante la tercera sesión, se presentaron testimonios y propuestas que servirán de base para el proyecto de resolución de la acción de inconstitucionalidad 82/2024, elaborado por la ministra Lenia Batres Guadarrama, relativo a la invalidación de normas aprobadas sin consulta previa a este sector.
Batres Guadarrama subrayó la complejidad jurídica y social del tema, al señalar que el Pleno debe analizar con profundidad las implicaciones de reconocer legitimación exclusiva a las personas con discapacidad para promover acciones de inconstitucionalidad, pues podría generar efectos no previstos en el sistema jurídico actual.
La ministra aseguró que el análisis se realizará con base en los argumentos y experiencias expuestos durante la audiencia, con el propósito de construir un criterio sólido y garantista en materia de inclusión y derechos humanos.
