La comunidad indígena y residentes del barrio histórico de San Francisquito denunciaron públicamente lo que califican como un actuar arbitrario del Municipio de Querétaro, al señalar presuntas violaciones sistemáticas a sus derechos fundamentales, particularmente el derecho a la consulta previa sobre proyectos de obra pública.
De acuerdo con el pronunciamiento, desde 2025 las autoridades municipales han promovido intervenciones que, afirman, responden a una lógica de turistificación y gentrificación, con potencial impacto en el desplazamiento de habitantes originales.
Entre los señalamientos expuestos destacan cuatro puntos:
Primero. La inclusión en el Programa Operativo Anual (POA) 2025 de una obra votada en la aplicación Decide Qro., denominada “Adecuación Geométrica en Intersecciones con Lineamientos de Accesibilidad y Seguridad Vial”, que contempla el cierre de la salida vial hacia avenida Ignacio Zaragoza. La comunidad sostiene que el mecanismo de votación digital resulta improcedente para decisiones territoriales de pueblos indígenas y subraya que la obra obtuvo una participación mínima.
Segundo. La presentación, en noviembre de 2025, de un preproyecto de “Regeneración de Imagen Urbana y Rehabilitación de Infraestructura”, que incluye modificaciones en la vialidad 21 de Marzo. Los habitantes advierten que los renders contemplan la remoción de la tradicional Pila de los Dolores, inmueble inscrito en el Catálogo Nacional de Monumentos Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Señalan que, al ubicarse dentro de la Zona de Monumentos Históricos de Querétaro reconocida por la UNESCO, cualquier intervención debe observar criterios estrictos de conservación patrimonial.
Tercero. La comunidad indicó que durante 2025 entregó oficios solicitando la atención prioritaria de problemas de drenaje sanitario. Según el documento, en asambleas vecinales realizadas en diciembre se reiteró que esta infraestructura representa la principal necesidad del barrio, por encima de proyectos de imagen urbana.
Cuarto. Los denunciantes señalaron contradicciones entre declaraciones de funcionarios de obra pública y del presidente municipal, Felipe Fernando Macías Olvera, quien en conferencia de prensa anunció obras distintas a las previamente expuestas en reuniones comunitarias. La comunidad argumenta que estas inconsistencias vulneran los estándares de información clara y precisa exigidos en los procesos de consulta, citando criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El pronunciamiento sostiene que las actuaciones descritas contravienen lo dispuesto en el Artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, así como tratados internacionales en la materia.
La comunidad afirmó que ha mantenido disposición al diálogo institucional, al tiempo que exige que cualquier intervención en el barrio respete el marco legal en materia de consulta indígena y protección patrimonial.
