La Universidad de Columbia acordó pagar 200 millones de dólares para resolver las acusaciones por supuesto antisemitismo que enfrentaba desde la administración de Donald Trump, en un esfuerzo por recuperar fondos federales suspendidos y cerrar múltiples investigaciones civiles.
El acuerdo, anunciado este miércoles, incluye además un pago adicional de 21 millones de dólares para resolver denuncias ante la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC, por sus siglas en inglés), y contempla el restablecimiento de la mayoría de los 400 millones de dólares en subvenciones federales para investigación que fueron congelados el pasado marzo.
En un comunicado, la presidenta interina de Columbia, Claire Shipman, aseguró que el pacto representa “un importante avance tras un período de constante escrutinio federal e incertidumbre institucional”. La funcionaria subrayó que el acuerdo “preserva la autonomía de la universidad en contratación, admisiones y decisiones académicas”, a pesar de los compromisos adquiridos para garantizar el cumplimiento de leyes antidiscriminatorias.
Las acusaciones surgieron tras el inicio del conflicto entre Israel y Hamás en octubre de 2023, cuando se multiplicaron las manifestaciones propalestinas en campus universitarios de todo Estados Unidos. Columbia fue una de las más señaladas por “pasividad ante el persistente acoso a estudiantes judíos”, según argumentó entonces el gobierno federal.
El acuerdo cierra más de seis investigaciones federales abiertas por derechos civiles, que ahora serán monitoreadas por un supervisor independiente designado por ambas partes. Dicho monitor deberá informar al gobierno estadounidense cada seis meses sobre los avances en materia de derechos civiles dentro del campus.
El diario The New York Times informó que Columbia también se ha comprometido a cumplir las disposiciones federales que prohíben el uso de la raza como criterio en admisiones y contrataciones, en consonancia con recientes fallos de la Corte Suprema.
Columbia es la primera universidad estadounidense en llegar a un acuerdo negociado por este tipo de señalamientos. En contraste, Harvard ha optado por litigar los recortes presupuestales y sigue negociando con el Ejecutivo la posible restitución de sus fondos federales.
