La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó este viernes la posibilidad de una reforma fiscal para el próximo año, asegurando que su gobierno se concentrará en fortalecer la recaudación tributaria como principal fuente de financiamiento del presupuesto federal. Esta declaración se dio en medio de la preocupación por el creciente déficit fiscal y las altas tasas de endeudamiento que enfrenta el país.
Austeridad y medidas de recaudación
A pesar de que las proyecciones del gobierno indican un déficit de 3.2% del Producto Interno Bruto (PIB) para 2025, Sheinbaum subrayó que existen “muchas oportunidades de recaudación” sin necesidad de una reforma fiscal profunda. La mandataria indicó que el enfoque del gobierno será el fortalecimiento de las aduanas y la simplificación de los trámites fiscales a través del Sistema de Administración Tributaria (SAT), con el objetivo de mejorar la eficiencia en la recolección de impuestos.
El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, también enfatizó que la recaudación tributaria será el pilar para financiar el proyecto de presupuesto de 2025, que se estima en 8 billones de pesos (aproximadamente 400.000 millones de dólares). Ramírez de la O aseguró que, a pesar de la crisis fiscal, el gobierno alcanzará ingresos históricos sin aumentar impuestos ni crear nuevos gravámenes.
Desafíos fiscales y preocupaciones de los analistas
El gobierno de Sheinbaum enfrenta una serie de retos fiscales, incluidos altos niveles de deuda, particularmente en la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), que carga con una deuda de 99.000 millones de dólares. Pemex enfrentará pagos de amortización de casi 25.000 millones de dólares entre 2024 y 2027, lo que genera preocupación sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas.
El déficit fiscal que se proyecta para 2025, aunque menor que el de 2024, plantea dudas entre los analistas, quienes consideran que las medidas anunciadas por el gobierno podrían no ser suficientes para equilibrar las cuentas fiscales. La directora de análisis económico de Banco Base, Gabriela Siller, calificó los pronósticos del gobierno como “demasiado optimistas” y advirtió que las probabilidades de un recorte en la calificación crediticia de México aumentan si los resultados no se alinean con las expectativas.
Reacción a la calificación de Moody’s
La noticia de que Moody’s revisó la perspectiva de la calificación de México de estable a negativa ha agregado incertidumbre al panorama económico. La agencia señaló que el debilitamiento institucional del país, impulsado por reformas propuestas en el Poder Judicial, podría erosionar los controles y equilibrios fundamentales para la estabilidad fiscal y económica.
Sheinbaum, en respuesta a esta evaluación, expresó sus dudas y cuestionó la metodología de las calificadoras, sugiriendo que estas instituciones a menudo basan sus juicios en modelos económicos que no reflejan completamente la realidad política e institucional del país. Sin embargo, reconoció que el país enfrenta desafíos estructurales significativos, y que las instituciones deben ser preservadas para asegurar el futuro económico de México.
Proyecciones económicas y políticas de austeridad
El gobierno de Sheinbaum ha proyectado un crecimiento económico de entre 2% y 3% para 2025, junto con una tasa de inflación de 3.5% y una deuda pública que rondará el 51.4% del PIB. En cuanto a las finanzas públicas, la mandataria adelantó que habrá una reducción del déficit fiscal, pero sin comprometer programas sociales ni inversiones clave. Las medidas de austeridad se aplicarán, aunque Sheinbaum insistió en que estas no afectarán la operación del gobierno ni su capacidad para cumplir con sus compromisos sociales.
Con un escenario económico desafiante por delante y presiones externas e internas, el gobierno mexicano deberá navegar un año crucial en el que las decisiones sobre fiscalidad, deuda y reformas estructurales determinarán el rumbo de la economía. La pregunta es si las medidas anunciadas serán suficientes para evitar mayores desequilibrios fiscales o si será necesario un cambio más profundo en la política económica y fiscal del país.
