En la conferencia de prensa, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, compartió “casos de irregularidades” del Poder Judicial, en el que hizo un repaso del supuesto salario que perciben las y los ministros, magistrados, jueces de distrito, consejeros de la judicatura; favorecimiento a delincuentes y amparos o suspensiones giradas contra leyes, obras y políticas públicas -como la construcción del Tren Maya por la afectación al medio ambiente por la deforestación de la selva-.
En una primera instancia criticó el número de personas privadas de la libertad que no han recibido sentencia 6 mil 97 de 21 mil que están en prisión aún sin sentencia; la demora para dictar una sentencia que podría llegar entre el año y alcanzar hasta los 11 años. Acusó que se emitir amparos, suspensiones contra leyes, obras y políticas públicas.
