El cierre prolongado del Gobierno estadounidense ha dejado a millones de beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) sin recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Entre ellos está Onita Norris, madre soltera en Virginia Occidental, quien debe elegir entre comer o alimentar a sus dos hijos pequeños.
Con un ingreso mensual de 2,800 dólares, la mitad destinado al alquiler y el resto a servicios y guardería, Norris dependía de los 265 dólares mensuales del SNAP para completar su gasto alimentario. La suspensión parcial del programa la ha obligado a reducir su propia alimentación para priorizar la de sus hijos.
En Virginia Occidental, alrededor del 15 % de la población depende del SNAP. Las despensas de alimentos locales, como CCAP/Loaves & Fishes en Martinsburg, reportan un incremento drástico en la demanda: el número de hogares atendidos se duplicó en semanas recientes, mientras los recursos disponibles disminuyen.
La administración Trump anunció una financiación parcial del programa para noviembre tras una orden judicial, pero los pagos siguen retrasados. Un juez federal en Rhode Island ordenó al Gobierno cubrir los beneficios completos, aunque la incertidumbre persiste entre millones de familias.
“Estamos usando la comida como herramienta política”, denunció Norris, quien afirmó sentirse abandonada por las autoridades federales. Otras madres, como Laura Bowles, también han tenido que recortar gastos básicos y reducir su consumo de alimentos para sostener a sus hijos.
En el estado donde nació el programa de asistencia alimentaria en 1961, la crisis actual ha dejado al descubierto su fragilidad y la dependencia estructural de millones de estadounidenses de los subsidios federales para sobrevivir.
