Washington, D.C.— A 25 días de que el Departamento de Justicia (DOJ) asegurara no tener más información que compartir sobre Jeffrey Epstein, la presión pública y mediática sigue creciendo, empujando a la administración del presidente Donald Trump a reconsiderar su estrategia. Aunque el presidente ha suplicado a su base “dejar de pensar” en el escándalo, fuentes oficiales reconocen que el tema no desaparecerá hasta que se divulgue información más concreta.
Algunos funcionarios admiten en privado que la Casa Blanca deberá liberar más documentos para frenar las acusaciones de encubrimiento y calmar el descontento de simpatizantes y opositores por igual.
“O publicamos más documentos y eso confirmará las sospechas, o hay una brecha entre lo que la gente piensa y lo que realmente tenemos”, dijo a CNN un funcionario de alto nivel de la administración.
Ghislaine Maxwell, en el centro del laberinto
La reciente transferencia de Ghislaine Maxwell, exasociada de Epstein y condenada a 20 años por tráfico sexual, a una prisión de menor seguridad en Texas, revivió la atención sobre el caso. La medida fue tomada sin explicación oficial, en medio de crecientes exigencias para que la Casa Blanca y el DOJ interroguen públicamente a Maxwell y hagan públicas las transcripciones del jurado investigador que permanecen selladas.
El fiscal adjunto Todd Blanche sostuvo reuniones privadas con Maxwell durante dos días, sin informar sobre su contenido. En un comunicado, prometió compartir detalles “en el momento oportuno”, sin especificar cuándo.
Declaraciones erráticas y enojo acumulado
Trump no ha sido acusado de ningún delito relacionado con Epstein, pero sus declaraciones no han ayudado a desactivar el interés. Esta semana, afirmó que se distanció de Epstein porque este “le robó” a una joven empleada del club Mar-a-Lago, Virginia Giuffre, quien se suicidó en abril. La familia de Giuffre calificó esa versión como “ofensiva”.
“Ella no fue robada, fue cazada en la propiedad del presidente Trump”, declaró Sky Roberts, hermano de la víctima.
Funcionarios de la administración admiten que los comentarios del presidente, motivados por frustración, solo han reavivado el escándalo y profundizado la percepción de opacidad.
Dilema para el Gobierno: publicar o alimentar la sospecha
Aunque la Casa Blanca dice estar comprometida con la transparencia, existe el riesgo de que las publicaciones —con amplias tachaduras para proteger a las víctimas— refuercen la sospecha de un encubrimiento. A esto se suma la cautela oficial para no generar nuevas promesas incumplidas.
“La idea de que esto pueda enterrarse o desaparecer con una noticia más grande es una fantasía”, advirtió una fuente cercana al presidente. “No va a desaparecer hasta que la gente obtenga respuestas reales”.
Batalla legal por las transcripciones
El juez federal Richard Berman solicitó este jueves que el Gobierno precise su intención de desclasificar documentos del jurado investigador sobre Epstein y Maxwell. Pidió detalles sobre las fechas de las presentaciones, las pruebas exhibidas y si se incluirán evidencias junto con los testimonios.
El lunes, el DOJ deberá entregar esa información, y el martes vencerá el plazo para que las víctimas respondan a la solicitud de divulgación. El juez Berman prometió emitir un fallo de forma expedita.
Maxwell, inmunidad y Congreso en pausa
Maxwell se ha negado hasta ahora a declarar ante el Congreso, solicitando inmunidad y recibir con antelación las preguntas. La Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes rechazó esas exigencias y pospuso cualquier comparecencia hasta que la Corte Suprema resuelva su apelación, lo que no ocurrirá antes de finales de septiembre.
El receso de agosto en el Congreso ofrece una breve tregua a la Casa Blanca, limitando la presión legislativa. Sin embargo, el tema permanece vivo en los medios y entre la base republicana, que exige respuestas claras y responsabilidades.
