El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, impulsó una reforma constitucional que establece prisión perpetua para homicidas, violadores y terroristas, en el país con la mayor tasa de encarcelamiento del mundo.
La iniciativa fue aprobada por el Congreso con 59 de 60 votos, horas después de su presentación. La modificación elimina la prohibición de penas perpetuas y sustituye el límite previo de 60 años de prisión.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, afirmó que la medida forma parte de una estrategia de “guerra sin cuartel” contra las pandillas. Desde el Legislativo, Suecy Callejas sostuvo que el objetivo es impedir que los criminales recuperen la libertad.
La reforma se aprueba en el contexto del régimen de excepción vigente desde hace casi cuatro años, bajo el cual han sido detenidas más de 91 mil personas sin orden judicial, acusadas de vínculos con pandillas como la Mara Salvatrucha y Barrio 18.
De acuerdo con el World Prison Brief, El Salvador registra cerca de mil 700 personas encarceladas por cada 100 mil habitantes, la tasa más alta a nivel mundial.
Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han denunciado violaciones sistemáticas a derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y muertes bajo custodia. La agrupación Socorro Jurídico reporta al menos 500 fallecimientos en prisión durante el régimen, la mayoría sin perfil de pandillero.
Juristas presentaron denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por presuntos crímenes de lesa humanidad, que incluyen tortura, asesinatos y persecución.
El gobierno rechaza las acusaciones y sostiene que las organizaciones de derechos humanos actúan como defensores de criminales. Bukele ha desestimado la reinserción social de pandilleros, al considerar que su pertenencia es permanente.
La reforma no define su aplicación retroactiva ni su impacto en juicios masivos en curso, donde los detenidos son procesados en grupos según su presunta afiliación delictiva.
