CNN / Tras las grandes demostraciones de fuerza por parte de agentes federales de inmigración en el sur de California, una jueza está a punto de emitir un fallo que busca detener las redadas contra la inmigración en Los Ángeles.
Agentes federales de inmigración arrestaron a aproximadamente 200 inmigrantes en un par de redadas caóticas en granjas legales de marihuana el jueves, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). Relatos contradictorios de trabajadores y funcionarios federales han generado una oleada de preguntas, ya que funcionarios del DHS afirman que sus agentes recibieron disparos y un sindicato de agricultores asegura que un trabajador murió tras las redadas.
Los acontecimientos volvieron a poner el foco en la región, que emergió hace unas semanas como epicentro de redadas migratorias a gran escala por parte del Gobierno de Donald Trump, y de tensas protestas que a menudo resultaron en arrestos.
Se han convocado nuevas manifestaciones este viernes en Los Ángeles, mientras líderes sindicales y religiosos y defensores de los derechos de los inmigrantes presionan contra las operaciones de deportación. El alcalde también firmó una orden destinada a proteger a las comunidades de inmigrantes.
Esto es lo que sabemos sobre los principales acontecimientos de esta semana:
Agentes federales y manifestantes se enfrentan en una granja
El jueves se produjo un intenso enfrentamiento entre manifestantes y agentes federales de inmigración que llevaban a cabo una redada en una plantación de marihuana legal en el condado de Ventura, en California, una operación similar a las realizadas en obras de construcción, hoteles y estacionamientos de Home Depot, que han suscitado miedo generalizado entre las comunidades de inmigrantes.
Aproximadamente 200 “extranjeros indocumentados” fueron detenidos durante ambas redadas en las ciudades de Carpinteria y Camarillo, informó el DHS este viernes. El departamento señaló que estaba ejecutando órdenes de arresto criminal.
Durante las redadas, el DHS indicó que al menos 10 niños inmigrantes fueron “rescatados de posible explotación, trabajo forzado y trata de personas”. La agencia no proporcionó detalles sobre la instalación específica ni las condiciones en las que se encontraron a los menores.
El operador de las granjas de marihuana, Glass House Brands, dijo en un comunicado este viernes que “nunca ha violado conscientemente las prácticas de contratación aplicables y no emplea ni ha empleado menores de edad”. CNN ha contactado a Glass House para obtener más comentarios sobre las acusaciones del DHS.
De acuerdo con el DHS, agentes federales en ambas instalaciones se encontraron con unos 500 manifestantes. Durante una de las redadas, una persona disparó un arma contra los agentes, según la agencia. El sospechoso no ha sido detenido.
Un trabajador murió tras la redada en Camarillo y varios más resultaron “gravemente heridos”, afirmó Teresa Romero, presidenta del sindicato United Farm Workers. Otros, incluidos algunos ciudadanos estadounidenses, siguen desaparecidos, agregó.
El sindicato no proporcionó detalles sobre la causa de la muerte del trabajador ni cifras de heridos o desaparecidos, pero el portavoz del departamento de bomberos, Andrew Dowd, dijo que ocho personas heridas fueron trasladadas a hospitales locales y otras cuatro recibieron atención en el lugar.
La portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, dijo que el trabajador que murió “no estaba ni ha estado bajo custodia de CBP o ICE”.
“Aunque no estaba siendo perseguido por las autoridades, esta persona subió al techo de un invernadero y cayó desde una altura de 9 metros. CBP llamó de inmediato a un helicóptero médico para brindarle atención lo más rápido posible”, señaló McLaughlin.
CNN ha intentado contactar a la familia del trabajador fallecido para obtener más información.
Vehículos de la Patrulla Fronteriza y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) bloquearon la carretera en una zona de Camarillo repleta de campos e invernaderos, mientras vehículos militares y un helicóptero sobrevolaban la zona, informó Associated Press. Camarillo se encuentra a poco más de 80 kilómetros al noroeste de Los Ángeles, aproximadamente a mitad de camino entre Santa Bárbara y la ciudad.
Decenas de manifestantes se reunieron en la carretera mientras agentes uniformados con equipo de camuflaje, cascos y máscaras antigás se colocaban en fila frente a ellos, y luego lanzaron botes que rociaban lo que parecía humo en el aire para dispersar a la multitud, según el video del encuentro y AP.
Unos 55 kilómetros más arriba de la costa, una redada casi simultánea el jueves en una granja de marihuana en Carpinteria también se tornó tensa, con bombas de humo estallando mientras “una multitud de residentes y trabajadores indignados confrontaba a los agentes federales, algunos vestidos con equipo de estilo militar”, informó la filial de CNN KEYT.
“Fue un exceso”, dijo el congresista Salud Carbajal, demócrata que representa la zona y acudió al lugar donde “más de 50 agentes de ICE… realizaban esta operación”.
“Estaban generando miedo, ansiedad e intimidación”, dijo Carbajal en un video en X. “Iban vestidos con ropa militar, armas de grado militar. Solo estaban creando una circunstancia insostenible e incendiaria donde podrían haber resultado heridos miembros del público y ellos mismos.”
Un niño pequeño resultó herido por metralla de los dispositivos de destello y humo utilizados por los agentes, dijo mientras sostenía un trozo de metal, y agregó que no pudo ingresar a la instalación agrícola.
El incidente de Camarillo preocupó al alcalde de la cercana Oxnard: “Cada vez es más evidente que las acciones tomadas por ICE son audaces y agresivas, lo que muestra insensibilidad hacia el impacto directo que tienen en nuestra comunidad”, escribió el alcalde Luis McArthur en Facebook, refiriéndose al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
“Estas acciones están causando angustia y daños innecesarios. Sigo comprometido a trabajar junto a nuestro fiscal general y la oficina del gobernador para explorar posibles vías legales para hacer frente a estas actividades”.
En cuanto al enfrentamiento entre los agentes federales y los manifestantes contra ICE, el “zar de la frontera” de la Casa Blanca, Tom Homan, declaró: “Tienen derecho a protestar. Lo apoyo. Pero cuando crucen la línea de obstaculizarnos, serán arrestados”.
ICE inunda un parque de Los Ángeles casi vacío
La redada en la granja se produjo pocos días después de que decenas de agentes federales de inmigración, junto con miembros de la Guardia Nacional de California, se desplegaran en un parque casi vacío de un barrio de Los Ángeles conocido por su numerosa población inmigrante, lo que también causó una protesta y el rechazo de la alcaldesa.
Se había corrido la voz de una posible redada antes de que más de 90 tropas y oficiales descendieran el lunes sobre el Parque MacArthur, donde la alcaldesa Karen Bass vio a oficiales a caballo y soldados con equipo táctico pasar por delante de un patio de recreo mientras los niños de un campamento de verano eran llevados al interior para que no quedaran aterrados, dijo a AP.
Los activistas llegaron para echar a los agentes, gritando y golpeando los vehículos de ICE. Las tropas y los agentes se marcharon al cabo de una hora, informó AP.
No está claro si alguien fue detenido durante la operación. ICE no hace comentarios sobre las operaciones en curso, dijo su portavoz a CNN.
“Francamente, es indignante y antiestadounidense que tengamos vehículos federales armados en nuestros parques cuando no pasa nada en ellos”, dijo Bass más tarde. “No había ninguna protesta. No había ningún desorden que lo requiriera”.
Bass firmó el viernes por la mañana una directiva ejecutiva para apoyar a las comunidades de inmigrantes de Los Ángeles. Se produjo tras las “redadas ilegales llevadas a cabo por el gobierno federal”, anunció su oficina, mencionando la del Parque MacArthur.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene el control de unos 4.000 efectivos de la Guardia Nacional de California y cientos de marines en servicio activo que ordenó desplegar en junio en contra de los deseos del gobernador del estado para responder a las protestas en una sección de 2,5 km cuadrados del centro de Los Ángeles contra las amplias redadas de inmigración.
Una jueza se pronunciará sobre la impugnación de las redadas de ICE
Mientras tanto, se espera que una jueza falle este viernes en una demanda federal contra el gobierno de Trump sobre las redadas de inmigración del Departamento de Seguridad Nacional y las condiciones en los centros de detención federales.
La demanda, presentada la semana pasada por ACLU del Sur de California en nombre de cinco personas y grupos de defensa de inmigración, alega que la agencia que supervisa a ICE “ha arrestado y detenido inconstitucionalmente a personas con el fin de cumplir con las cuotas arbitrarias de arrestos establecidas por la administración Trump”, dijo la organización en un comunicado.
Los demandantes señalan que el gobierno de Trump está arrestando y deteniendo inconstitucionalmente a personas en el sur de California basándose en la raza y llevando a cabo redadas masivas de inmigración sin establecer primero una sospecha razonable de que una persona se encuentra ilegalmente en Estados Unidos.
La jueza de distrito estadounidense Maame Ewusi-Mensah Frimpong escuchó los argumentos el jueves sobre si otorgar órdenes de restricción de emergencia en el caso, con el gobierno afirmando que los agentes federales inician detenciones basadas en inteligencia o “análisis de tendencias”, no en raza o etnia.
Frimpong, designada por el expresidente Joe Biden, se mostró escéptica, presionando repetidamente al gobierno para que presentara pruebas de que las detenciones se basaban en información de inteligencia y no en zonas donde se supone que se reúnen los inmigrantes indocumentados.
“Es difícil para el tribunal creer que no se pueda encontrar un solo caso con un informe de por qué alguien era el objetivo”, dijo.
La alcaldesa de Los Ángeles respalda a la comunidad inmigrante
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, quien se ha opuesto firmemente a las recientes operaciones federales de inmigración, tomó medidas este viernes para reforzar la respuesta de la ciudad ante las redadas.
En su directiva de este viernes, Bass instruyó a los departamentos de la ciudad a preparar planes sobre cómo deben responder los empleados municipales si agentes federales intentan detener a inmigrantes en propiedad de la ciudad, lo que podría incluir muchas escuelas.
“No estamos tratando de entrenar a la gente ni a los departamentos de la ciudad para resistir y violar la ley”, dijo Bass. Señaló que los trabajadores municipales solo permitirán el ingreso a los agentes con órdenes de arresto apropiadas. “Esto es para que los departamentos y empleados de la ciudad entiendan cuáles son sus derechos, es decir, que no se puede permitir que cualquiera entre y haga lo que quiera”.
Bass anunció que también se formará un grupo de trabajo entre el Departamento de Policía de Los Ángeles y miembros de la comunidad para discutir cómo apoyar a los residentes afectados.
“Los familiares que quedan no saben si sus seres queridos están en la ciudad, en el estado o incluso en el país”, dijo Bass. “También sabemos que cuando estas redadas han estado ocurriendo, no solo (afectan) a personas indocumentadas”.
La ciudad ha presentado una solicitud bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés) para obtener registros sobre las fechas y ubicaciones de las operaciones federales de inmigración, que hasta ahora en su mayoría no han sido anunciadas.
Jillian Sykes, Taylor Galgano y Matthew Friedman, de CNN, contribuyeron a este informe.
