Luigi Mangione compareció nuevamente ante el tribunal este martes para las audiencias derivadas de la denuncia de su defensa, que acusa a la policía de Pensilvania de violar sus derechos constitucionales durante y después de su detención en un McDonald’s de Altoona, tras el asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson.
El primer testigo fue el agente George Featherstone, policía de Altoona y custodio de pruebas. Declaró que su función consiste en registrar evidencias nuevas y supervisar la sala segura de resguardo. Señaló que el registro de pertenencias tras una detención es un procedimiento estándar y que no recuerda un solo caso en el que una persona ingresara a la comisaría sin que se revisara por completo una mochila u objeto similar.
Thompson, de 50 años, padre de dos hijos y originario de Minnesota, se encontraba en Nueva York para asistir a una conferencia de accionistas en Manhattan cuando un agresor armado se le aproximó por detrás y le disparó en la acera frente al hotel donde se hospedaba.
La defensa de Mangione solicitó la exclusión de las pruebas obtenidas de su mochila y de las declaraciones que habría realizado en el restaurante y posteriormente ante custodios penitenciarios. Argumentó violaciones a la Cuarta y Quinta Enmiendas. La fiscalía rechazó los señalamientos y sostuvo que la actuación policial fue legal: el registro sin orden judicial fue rutinario tras la detención y la única declaración relevante sin lectura de derechos habría sido la entrega de un nombre falso junto con una identificación apócrifa.
Especialistas legales citados en la audiencia indicaron que los agentes pueden preguntar el nombre de una persona sin activar la advertencia Miranda y que el registro de pertenencias tras una detención no requiere orden judicial.
Durante el contrainterrogatorio, la defensa cuestionó la cadena de custodia: varias bolsas fueron entregadas a la policía de Nueva York, agencia principal del caso, sin consignar la hora exacta de recolección.
Mangione enfrenta cadena perpetua si es declarado culpable de homicidio en segundo grado en Nueva York. Además, afronta cargos federales que podrían derivar en la pena de muerte y acusaciones menores en Pensilvania.
