La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad una ley de amnistía dirigida a personas condenadas o procesadas por hechos vinculados a episodios de crisis política ocurridos entre 2002 y 2025.
La legislación excluye delitos considerados graves, entre ellos violaciones severas a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, homicidio intencional, lesiones gravísimas, tráfico de drogas y conductas tipificadas en la ley contra la corrupción.
Asimismo, la norma establece la exclusión de quienes hayan promovido, instigado o participado en acciones armadas o de fuerza contra la soberanía, la integridad territorial o la población venezolana, incluyendo supuestos vínculos con actores extranjeros.
El texto contempla la aplicación de la amnistía sobre hechos relacionados con eventos como el golpe de Estado de 2002 contra Hugo Chávez, el paro petrolero de 2002-2003 y las protestas antigubernamentales registradas en 2013, 2017 y 2024.
La ley fue remitida a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para su firma y posterior publicación en la Gaceta Oficial. Paralelamente, se designó una comisión especial integrada por 23 diputados, con representación de distintos bloques políticos, encargada de desarrollar mecanismos para garantizar su implementación.
En el artículo 7 se establece que las personas interesadas deberán presentarse ante los tribunales para solicitar la amnistía, mientras que quienes se encuentren fuera del país podrán realizar el trámite mediante un representante legal.
Por su parte, el artículo 11 indica que los tribunales competentes deberán verificar el cumplimiento de las condiciones y, en un plazo no mayor a 15 días continuos, decretar la nulidad de procesos en curso o revisar sentencias firmes mediante una “sentencia de reemplazo”.
La normativa también precisa que las personas beneficiadas que incurran en delitos posteriores a la entrada en vigor de la ley serán procesadas conforme al marco jurídico ordinario.
La organización Foro Penal reporta actualmente 644 presos políticos en el país, cifra que se mantiene tras recientes excarcelaciones registradas en enero.
