Durante la sesión de pleno del Senado de la República, el senador Agustín Dorantes Lámbarri presentó la Iniciativa para la Protección y Educación Digital de Niñas, Niños y Adolescentes, propuesta que complementa la llamada Ley Kuri y que busca fortalecer el marco de protección frente a los riesgos asociados al uso de redes sociales.
En su intervención, el legislador subrayó que la propuesta no plantea prohibiciones ni censura, sino la construcción de reglas claras bajo el principio constitucional del interés superior de la niñez. Señaló que el acceso a Internet entre menores es una realidad extendida y que los riesgos digitales representan un desafío creciente.
“La tecnología no es el enemigo, la indiferencia sí lo es”, afirmó Dorantes Lámbarri al advertir que una parte significativa de niñas y niños en México utiliza Internet y redes sociales, y que un porcentaje relevante ha enfrentado experiencias de riesgo como acoso, solicitudes de contenido íntimo o contacto con desconocidos.
El senador recordó declaraciones previas de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respecto a que las restricciones no deben ser la vía principal, sino el acompañamiento. En ese contexto, sostuvo que la educación digital es indispensable, pero debe ir acompañada de mecanismos de protección institucional.
La iniciativa establece definiciones jurídicas sobre redes sociales digitales, mantiene el derecho de acceso universal a las tecnologías incorporando el concepto de “uso seguro” y fija obligaciones para el Estado en materia de educación digital.
Asimismo, plantea un esquema de corresponsabilidad que involucra a familias, plataformas digitales y autoridades. Entre los puntos centrales, se incluye el consentimiento parental para menores de 16 años, el refuerzo de políticas de privacidad para menores de edad y la implementación de filtros efectivos para restringir el acceso a contenidos inadecuados.
Dorantes Lámbarri enfatizó que el objetivo es equilibrar derechos y protección, evitando trasladar toda la carga a los padres de familia. “El interés superior de la niñez no es una consigna, es un mandato constitucional”, puntualizó.
