LDHQ / El sábado entró en vigor en todo México un veto contra la comida chatarra en las escuelas, impulsado por el gobierno como parte de una estrategia para combatir la obesidad y la diabetes, dos de los mayores problemas de salud pública en el país.
Las nuevas regulaciones, que fueron publicadas originalmente en otoño del año pasado, prohíben la venta y distribución de productos procesados con alto contenido de azúcar, sal, grasas y calorías. Esto incluye bebidas azucaradas, papas fritas empaquetadas, chicharrones artificiales y productos a base de soya con saborizantes, alimentos que han sido habituales en la dieta de generaciones de estudiantes mexicanos.
La Secretaría de Educación de México anunció la medida a través de sus redes sociales con el mensaje: “¡Adiós a la comida chatarra!”, exhortando a los padres de familia a sumarse al esfuerzo gubernamental preparando comidas más saludables para sus hijos.
La iniciativa ha captado la atención a nivel internacional, ya que se considera un intento ambicioso de modificar hábitos alimenticios y fomentar una generación más saludable. En Estados Unidos, por ejemplo, el secretario de salud del gobierno de Trump, Robert F. Kennedy Jr., ha expresado intenciones similares para combatir la obesidad en su país.
De acuerdo con la nueva normativa, las escuelas deben eliminar progresivamente cualquier producto con un sello negro de advertencia nutricional, un sistema de etiquetado implementado en México desde 2020. Asimismo, están obligadas a ofrecer opciones de alimentación más nutritivas, como tacos de frijoles, y garantizar la disponibilidad de agua potable.
Según UNICEF, los niños mexicanos consumen más comida chatarra que en cualquier otro país de América Latina, con productos ultraprocesados representando el 40% de su ingesta calórica diaria. Actualmente, un tercio de los menores en el país presenta sobrepeso u obesidad, según datos del gobierno.
Las sanciones para las escuelas que incumplan la norma pueden variar entre 545 y 5.450 dólares. Sin embargo, su aplicación enfrenta desafíos considerables, dado que prohibiciones anteriores han tenido dificultades para implementarse debido a la falta de supervisión y a la infraestructura deficiente en muchas de las 255,000 escuelas del país.
Otro reto importante es el comercio informal. Aunque el veto cubre el interior de los planteles escolares, aún no está claro cómo se regulará la venta de comida chatarra en las inmediaciones de las escuelas, donde vendedores ambulantes continúan ofreciendo dulces, frituras y helados a los estudiantes durante el recreo y a la salida de clases.
Este nuevo esfuerzo del gobierno mexicano pone de manifiesto la urgencia de atender la crisis de obesidad infantil, aunque su éxito dependerá de la fiscalización y del apoyo de la sociedad en su conjunto.
