El reciente convenio firmado entre el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, y el Fiscal General del Estado, Víctor Antonio de Jesús Hernández, para tratar de mejorar la funcionalidad de la aplicación Cuelgapp ha sido presentado como un avance en materia de seguridad y prevención del delito. Sin embargo, es necesario analizar con detenimiento la efectividad real de esta medida y cuestionar si se trata de una solución sustancial o simplemente una estrategia de imagen para ambas administraciones.
Cuelgapp ha sido promovida como una herramienta innovadora para bloquear llamadas de extorsión y fraude, pero su verdadero impacto en la reducción del delito sigue siendo incierto. Si bien se menciona que ha bloqueado alrededor de 1,500 llamadas y ha sido descargada 46,000 veces, no hay datos claros sobre cómo estas acciones han incidido en la disminución efectiva de los delitos de extorsión. ¿Cuántas denuncias han sido efectivamente resueltas gracias a la aplicación? ¿Ha habido una disminución estadística en estos crímenes?
Felifer Macías y el Fiscal han enfatizado la importancia de la coordinación entre el municipio y la Fiscalía, pero es necesario preguntarse si esta colaboración es suficiente para atender el problema de fondo. La extorsión y el fraude telefónico son delitos que requieren no solo el bloqueo de números, sino también investigaciones profundas que desarticulen las redes criminales detrás de estas operaciones. El anuncio de la detención de 18 personas parece más un número simbólico que un verdadero golpe a la delincuencia organizada.
Es indudable que la tecnología puede ser una aliada en la seguridad, pero el énfasis excesivo en una aplicación puede desviar la atención de estrategias más integrales y necesarias, como el fortalecimiento de las capacidades de investigación, la mejora de los cuerpos policiales y la generación de mecanismos de denuncia más efectivos y accesibles. Apostar por una solución tecnológica sin un plan estructural que aborde las causas del crimen es una visión limitada.
Las autoridades resaltan la importancia de la participación ciudadana en el éxito de Cuelgapp, lo que parece ser una forma de trasladar parte de la responsabilidad de la seguridad a la población. Es válido fomentar la denuncia, pero si no existe una respuesta eficiente y rápida por parte de las autoridades, esta colaboración pierde sentido. La ciudadanía no debe suplir el trabajo de las instituciones de seguridad y justicia.
Si bien la firma del convenio puede parecer un avance en la lucha contra el fraude y la extorsión, la falta de datos concretos sobre la efectividad real de Cuelgapp y la ausencia de estrategias complementarias más robustas generan dudas sobre la profundidad del compromiso de las autoridades. Más allá de los discursos optimistas y las cifras presentadas, la verdadera pregunta es si esta medida traerá un cambio sustancial o si se trata de un simple acto protocolario con fines políticos y mediáticos.
