La propuesta de reforma al Poder Judicial de la Nación en México ha generado un intenso debate tanto en el ámbito político como entre los expertos en derecho y la sociedad civil. La iniciativa, promovida desde el gobierno federal, busca una reestructuración profunda en la administración y funcionamiento del Poder Judicial, con la intención de garantizar mayor transparencia, combate a la corrupción y eficiencia en la impartición de justicia. Sin embargo, esta reforma ha sido vista con recelo por algunos sectores que consideran que puede afectar la independencia judicial.
Contexto de la reforma
El proyecto de reforma plantea modificaciones clave en áreas como el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), la elección de magistrados y jueces, y la creación de tribunales especializados para delitos relacionados con la corrupción y delitos electorales. Además, se discuten medidas para limitar la discrecionalidad en la asignación de casos y mejorar los mecanismos de control sobre las resoluciones judiciales, particularmente en las altas esferas del sistema.
En términos estadísticos, el Poder Judicial de la Federación ha experimentado una carga creciente de trabajo en los últimos años. Según datos del propio CJF, entre 2021 y 2023, el número de expedientes ingresados a los tribunales federales aumentó en un 18%, lo que ha intensificado las quejas por la lentitud en los procesos judiciales. Aunado a esto, un estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de 2023 reportó que el 46% de los ciudadanos percibe que los procesos judiciales en México son poco o nada confiables, lo que refuerza la urgencia de una reforma que mejore la eficiencia y la percepción pública de la justicia.
Opiniones de expertos
El constitucionalista Santiago Corcuera sostiene que la reforma es necesaria, pero advierte que debe abordarse con suma cautela. “Es esencial fortalecer los mecanismos de transparencia y control dentro del Poder Judicial, pero también debemos proteger su autonomía frente a presiones políticas. Una reforma que centralice más poder en el Ejecutivo o legislativo podría ser peligrosa para la democracia”, comentó en una reciente entrevista.
Por su parte, la académica y experta en derecho constitucional, María Amparo Casar, señaló que el problema radica no solo en las estructuras, sino en la falta de recursos humanos y materiales. “Tenemos jueces y magistrados sobresaturados de trabajo, y si no invertimos en más personal calificado y en mejores tecnologías, cualquier reforma será insuficiente. La tecnología debería estar jugando un papel mucho más relevante para agilizar los procesos judiciales”, indicó en un foro de discusión organizado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
El debate en el Senado
En el Senado, las discusiones sobre la reforma han estado divididas. Mientras que los legisladores del partido oficialista, Morena, y sus aliados han impulsado la aprobación de los cambios propuestos, la oposición ha expresado preocupaciones sobre posibles riesgos a la independencia del Poder Judicial. Los partidos de oposición han enfatizado que la reforma podría facilitar la intervención del Ejecutivo en decisiones judiciales clave, lo que afectaría la imparcialidad de los jueces.
Un sondeo realizado en septiembre de 2024 por la encuestadora Mitofsky mostró que el 59% de los ciudadanos apoya una reforma al Poder Judicial, pero un 42% de esos encuestados teme que la propuesta actual pueda concentrar demasiado poder en el gobierno federal. Esta preocupación ha alimentado las tensiones en el debate parlamentario, donde se espera que la votación final ocurra antes de que termine el año.
Entre los principales desafíos que enfrenta esta reforma está lograr un equilibrio entre la necesidad de mejorar el sistema judicial y mantener la separación de poderes. La presidenta de la Barra Mexicana de Abogados, Claudia de Buen Unna, subrayó que es esencial escuchar a los actores clave del ámbito judicial, incluyendo a los propios jueces y magistrados, para diseñar una reforma que sea inclusiva y efectiva. “El Poder Judicial necesita modernización y rendición de cuentas, pero esto no puede hacerse sin consultar a quienes trabajan diariamente en los tribunales”, explicó en una reciente declaración.
La iniciativa también debe enfrentar el desafío de recuperar la confianza ciudadana. Según el reporte “Índice de Percepción de la Corrupción 2023” de Transparencia Internacional, el Poder Judicial de México se encuentra entre las instituciones peor evaluadas en términos de percepción de corrupción. Este indicador es un reflejo de la necesidad de un cambio profundo, pero también del riesgo que representa cualquier intento de manipulación política en su implementación.
La reforma al Poder Judicial en México es un proceso complejo que ha encendido el debate sobre el futuro de la justicia en el país. Aunque las propuestas de mejorar la transparencia y la eficiencia son bien vistas por gran parte de la ciudadanía, el reto es garantizar que los cambios no comprometan la independencia de este poder. Con un Senado dividido y una sociedad expectante, el desenlace de esta reforma marcará un antes y un después en el sistema de justicia mexicano.
El camino hacia una justicia más eficaz y confiable es largo, y requiere no solo de reformas estructurales, sino también de un compromiso decidido con la independencia y los valores democráticos que rigen el estado de derecho en México.
