Organizaciones de la sociedad civil hicieron un llamado al Consejo de Ministros de la Comisión de Cooperación Ambiental (CCA), creada al amparo del T-MEC, para que voten a favor de la elaboración de un Expediente de Hechos (investigación a fondo), sobre la falta de aplicación de la ley ambiental en Valle de Bravo, que tiene sumida en la peor crisis de agua de la historia al Sistema Cutzamala.
La petición contra el gobierno mexicano que las ONG’s buscan llevar adelante, data del 15 de mayo de 2023, por “omisiones en la aplicación efectiva de las leyes ambientales en lo que respecta a la protección de bosques, biodiversidad y recursos hídricos afectados por procesos de degradación, erosión de suelos y contaminación, y también por el impacto de los cambios de uso de suelo forestal para privilegiar la construcción inmobiliaria y la infraestructura urbana en la Subcuenca de Valle de Bravo-Amanalco, y el municipio de Valle de Bravo, Estado de México”.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Procuenca; el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS); Alianza Mexicana para la Conservación de la Vida Silvestre y la Asociación de Colonos Avándaro, entre otras, destacaron que, a ocho meses de haberse presentado la solicitud, la situación es crítica y no tiene precedentes para alcaldías y municipios de la Ciudad de México y el Estado de México.
Las organizaciones indicaron que la sequía que se ha presentado en la mayor parte de la República Mexicana en los dos últimos años, acompañada de la falta de medidas integrales y a largo plazo para el manejo de la Subcuenca, incluyendo la protección de los bosques como fábricas de agua, frente a un cambio de uso de suelo y deforestación desmedidas, han tenido como consecuencia una serie de afectaciones ambientales, sociales y de salud pública que hoy se están haciendo latentes; “no sin dejar de mencionar las pérdidas económicas al sector turístico, del que depende Valle de Bravo para su subsistencia”.
Agregaron que la respuesta de las autoridades mexicanas deja “cuestiones centrales abiertas que ameritan la preparación de un Expediente de Hechos para esclarecer la aplicación efectiva de la legislación ambiental. Dicho instrumento, en nuestra opinión, podría fungir como el punto de partida para la búsqueda de una solución conjunta e integral de la problemática que actualmente enfrenta la citada Subcuenca, buscando la adecuada coordinación e inclusión de los diversos sectores gubernamentales, de la iniciativa privada y sectores sociales involucrados”.
