Habitantes de San José La Laja, en el municipio de Tequisquiapan, denunciaron presuntas irregularidades cometidas por empresas que ofrecen microcréditos y que, de acuerdo con los testimonios, recurren a pagarés en blanco, intereses poco claros, amenazas de cobro y posibles embargos contra personas con dificultades económicas.
El diputado local Eric Silva Hernández acompañó a los pobladores y señaló que estas prácticas también se han identificado en Colón, Pedro Escobedo, Ezequiel Montes, Tolimán y Peñamiller. Advirtió que las personas en condiciones de mayor vulnerabilidad son quienes enfrentan las consecuencias más graves de estos esquemas de financiamiento.
El legislador explicó que algunas personas afectadas evitan presentar denuncias por temor a represalias y amenazas de los prestamistas. Ante esta situación, indicó que se brinda acompañamiento jurídico para que los afectados conozcan las vías legales disponibles y puedan acudir ante la Fiscalía a denunciar los hechos.
Como parte de las acciones para atender el problema, Silva Hernández anunció que buscarán reunirse con el presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, Braulio Guerra Urbiola, para exponer los casos relacionados con el uso de pagarés presuntamente firmados en blanco y su posterior entrega a despachos jurídicos para exigir el pago de las deudas.
En el trabajo de asesoría participan abogados como Miguel Hernández, Aldo Rodríguez y Diana Olvera, quienes orientan a los habitantes en materia penal y mercantil, además de brindar información sobre los pagarés y las alternativas legales para enfrentar posibles abusos.
Por su parte, Jorge Patiño, trabajador comunitario que identificó la problemática en San José La Laja, afirmó que en esa localidad detectaron alrededor de 15 supuestas financieras que, según su testimonio, operan sin regulación. Explicó que algunas ofrecen nuevos préstamos para cubrir adeudos anteriores, lo que puede generar un ciclo de endeudamiento que compromete el patrimonio de las familias.
Los habitantes compartieron casos en los que préstamos de 15 mil pesos habrían aumentado hasta 60 mil pesos, así como situaciones en las que los cobros se dirigen tanto al deudor como al aval. También relataron presuntos embargos y el retiro de herramientas de trabajo y artículos de primera necesidad de sus domicilios.
Ante estos señalamientos, el problema pone de relieve la necesidad de que las personas conozcan las condiciones de los créditos antes de firmar documentos y cuenten con orientación jurídica para defender sus derechos. Las irregularidades denunciadas deberán ser revisadas por las autoridades competentes para determinar las posibles responsabilidades.
