Decenas de miles de personas salieron este sábado a las calles de Madrid y otras ciudades españolas para exigir medidas ante el aumento de los precios de la vivienda y las dificultades para acceder a alquileres asequibles.
En Madrid, la Delegación del Gobierno estimó en alrededor de 70 mil el número de participantes, mientras que el Sindicato de Inquilinas, uno de los colectivos convocantes, calculó una asistencia de hasta 500 mil personas. La movilización tuvo como punto de concentración la Plaza de Cibeles y se desarrolló bajo el lema “Hacia la huelga general”.
Los manifestantes reclamaron mayores medidas para contener los precios de los alquileres y ampliar la oferta de vivienda. Entre las causas señaladas por los participantes se encuentran el incremento de los precios inmobiliarios, la actividad de plataformas de alquiler turístico y la participación de fondos de inversión en el mercado.
Las protestas también se realizaron en ciudades como Palma de Mallorca, Santander, Segovia y Toledo. En Barcelona, la movilización fue suspendida debido al temporal que afectó a la ciudad.
En Valencia, la manifestación terminó con enfrentamientos entre algunos participantes y agentes policiales. De acuerdo con reportes de medios locales, nueve policías resultaron con lesiones leves y cinco personas fueron detenidas.
La jornada ocurrió después de que el Congreso de los Diputados rechazara el viernes dos decretos impulsados por el Gobierno de Pedro Sánchez que incluían medidas relacionadas con vivienda.
La situación se suma a la presión política que enfrenta el Ejecutivo español y al debate sobre un posible adelanto de las elecciones generales, previstas actualmente para 2027. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, volvió a pedir este sábado a Sánchez que convoque elecciones anticipadas.
Las movilizaciones se producen además tras el desalojo de una mujer de 87 años, caso que se convirtió en uno de los recientes símbolos de las dificultades de acceso a la vivienda en España.
Durante las protestas, organizaciones de inquilinos y participantes reclamaron que el acceso a una vivienda en condiciones adecuadas sea atendido como una de las principales prioridades de las políticas públicas.
