El presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Querétaro, Martín Arango, cuestionó la actuación de las autoridades federales frente al denominado huachicol fiscal, luego de que una estimación situara en 3.1 billones de pesos el valor del combustible presuntamente movilizado mediante esquemas de contrabando entre 2018 y 2025.
El dirigente cuestionó cómo pudieron operar redes de esa magnitud sin ser detectadas oportunamente por las instituciones encargadas de combatir el contrabando, la evasión fiscal y el lavado de dinero.
Arango también mencionó investigaciones relacionadas con Jorge Amílcar Olán y empresas vinculadas con su entorno, entre ellas Portacelis Gas and Oil, señalada por presuntas irregularidades en operaciones de combustibles. Subrayó que corresponde a las autoridades esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
El dirigente cuestionó particularmente el desempeño de la Unidad de Inteligencia Financiera durante el periodo señalado y planteó que debe determinarse si las irregularidades obedecieron a fallas en los mecanismos de supervisión o a omisiones deliberadas.
Los señalamientos forman parte del debate político sobre el alcance del huachicol fiscal. Las estimaciones sobre el valor del combustible involucrado no equivalen por sí mismas a un monto de ganancias ilícitas, y la existencia de investigaciones o denuncias contra empresas y particulares tampoco determina responsabilidad penal.
Arango sostuvo que el esclarecimiento del caso debe incluir la identificación de los mecanismos utilizados, las instituciones que tuvieron conocimiento de las operaciones y, en su caso, las responsabilidades administrativas o penales correspondientes.
