Una demanda presentada este miércoles ante una corte federal de Estados Unidos sostiene que el presidente Donald Trump viola la Constitución al ofrecer mediante pago acceso anticipado a sus publicaciones en Truth Social.
The Intercept y la Freedom of the Press Foundation presentaron conjuntamente la demanda contra Trump y el equipo de redes sociales de la Casa Blanca. Los grupos argumentan que la medida vulnera derechos protegidos por la Primera y Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense.
La controversia surgió después de que Trump Media, propietaria de Truth Social, comenzara a ofrecer acceso directo a su interfaz de programación de aplicaciones, conocida como Truth API. El servicio permite a sus suscriptores recibir las publicaciones de Trump en tiempo real, incluso milisegundos después de que sean publicadas.
De acuerdo con la empresa, más de 10 clientes ya contrataron el servicio, principalmente compañías dedicadas a operaciones financieras de alta frecuencia. Los contratos tendrían un valor de entre 60 mil y 100 mil dólares mensuales.
Trump utiliza con frecuencia Truth Social para comunicar decisiones de política pública, decretos, cambios de funcionarios y otras declaraciones relacionadas con su administración.
Los demandantes consideran que ofrecer esas publicaciones de manera anticipada a quienes pagan constituye una restricción inconstitucional al acceso a información pública.
Nikhel Sus, abogado principal de Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, organización que representa a los demandantes, sostuvo que incluso una diferencia de apenas milisegundos podría representar una violación de la Primera Enmienda.
El argumento central es que las declaraciones oficiales del presidente no deberían considerarse información privada susceptible de ser comercializada por una empresa, debido a que forman parte de los registros de la Presidencia de Estados Unidos.
Disputa por el acceso a información pública
La Freedom of the Press Foundation sostiene que el acceso preferencial podría afectar su capacidad para recopilar automáticamente las publicaciones de Trump y analizar su contenido.
The Intercept, por su parte, argumenta que la demora podría colocarlo en desventaja frente a otros medios de comunicación que tengan acceso anticipado a las publicaciones presidenciales.
Los demandantes también invocan la Quinta Enmienda, al considerar que el sistema establece condiciones diferentes y arbitrarias para acceder a información pública.
La Casa Blanca no ha respondido públicamente a la demanda.
La controversia podría llevar a los tribunales estadounidenses a determinar si un presidente puede comercializar el acceso anticipado a comunicaciones que realiza desde una plataforma privada cuando esas publicaciones contienen información relacionada con sus funciones oficiales.
RonNell Andersen Jones, profesora de Derecho de la Universidad de Utah, señaló que el caso plantea cuestiones jurídicas novedosas, entre ellas si una diferencia de tiempo tan pequeña puede considerarse una afectación real al derecho de acceso a la información.
La disputa también ha despertado interés entre legisladores. El mes pasado, los senadores demócratas Elizabeth Warren y Adam Schiff solicitaron a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos investigar si el servicio Truth API cumple con la legislación federal sobre valores.
Los legisladores cuestionaron particularmente que empresas financieras y operadores de alta frecuencia puedan recibir información de Trump antes que el público general.
