La Dirección de Juzgados Cívicos del Municipio de Querétaro informó que el número de personas sancionadas por el operativo de alcoholimetría aumentó 57 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025, resultado del reforzamiento implementado desde julio del año pasado tras el accidente ocurrido en la zona de Los Arcos.
El director de la dependencia explicó que el operativo pasó de instalar uno o dos puntos de revisión a operar cuatro puntos simultáneos por jornada, además de ampliar el horario de aplicación de las 23:00 a las 06:00 horas, de miércoles a domingo. Los lunes y martes también se realizan revisiones aleatorias durante las mañanas en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.
En lo que va de la actual administración se han efectuado 376 operativos, de los cuales 116 corresponden a 2026. Como resultado, 2 mil 735 personas han sido sancionadas por conducir con aliento alcohólico o bajo los efectos del alcohol.
La dependencia precisó que se aplicaron pruebas de detección a 3 mil 446 personas y el 79 por ciento resultó positivo a la presencia de alcohol. Del total de personas sancionadas, el 88 por ciento son hombres y el 12 por ciento mujeres. La edad promedio de los infractores es de 34 años y cerca de la mitad cuenta con estudios de nivel superior.
Respecto a las sanciones más severas, informó que el 33 por ciento de las personas remitidas registró niveles superiores a 0.64 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, por lo que recibió un arresto inconmutable. Sin embargo, durante este año esa proporción disminuyó a 28 por ciento.
Entre quienes podían optar por una sanción conmutable, el 80 por ciento eligió cumplir un arresto administrativo, el 18 por ciento pagó una multa y el 2 por ciento realizó trabajo en favor de la comunidad.
La recaudación por concepto de multas asciende a 5 millones 226 mil 880.65 pesos durante la actual administración. Los recursos ingresan directamente a la Secretaría de Finanzas del Municipio mediante el sistema de cobro oficial.
Asimismo, se informó que abril, agosto y diciembre son los meses con mayor incidencia de casos y que un total de 2 mil 558 vehículos han sido enviados al corralón como parte del procedimiento derivado del operativo.
En cuanto a la reincidencia, la Dirección de Juzgados Cívicos señaló que representa aproximadamente el 2 por ciento de los casos registrados y que no existen personas que hayan reincidido dentro del periodo de seis meses que establece el Reglamento de Justicia Cívica para ser consideradas formalmente reincidentes.
Durante la conferencia también se informó que, con motivo de los festejos relacionados con el Mundial de Clubes, el promedio semanal de personas sancionadas aumentó de entre 27 y 35 a cerca de 40 durante las últimas tres semanas, sin que fuera necesario modificar los horarios o el esquema de operación de los puntos de revisión.
Respecto a la difusión de la ubicación de los filtros de alcoholimetría en redes sociales y aplicaciones de mensajería, el funcionario indicó que no se han impuesto sanciones, aunque la autoridad monitorea estas publicaciones y modifica la ubicación de los puntos cuando detecta que han sido difundidos para mantener la efectividad del operativo.
En otro tema, la Dirección de Juzgados Cívicos informó que 409 personas han sido remitidas a centros de rehabilitación mediante el programa que opera en coordinación con el Instituto Municipal de Derechos Humanos e Inclusión Social y el Consejo Estatal contra las Adicciones. El funcionario aclaró que estas canalizaciones corresponden a personas detenidas por diversas faltas administrativas relacionadas con problemas recurrentes de consumo de alcohol o sustancias y no forman parte de los infractores del operativo de alcoholimetría.
Finalmente, sobre el programa de trabajo en favor de la comunidad, la dependencia reportó que 2 mil 941 personas han cumplido esta modalidad de sanción durante la actual administración, de las cuales el 91 por ciento son hombres y el 9 por ciento mujeres. Además, 353 menores de edad han sido canalizados a estas actividades como parte de las medidas restaurativas previstas en el Reglamento de Justicia Cívica.
