Managua, Nicaragua. La Asamblea Nacional de Nicaragua informó que inició un proceso de análisis para atender las instrucciones del presidente Daniel Ortega, quien planteó la prohibición de la celebración de elecciones generales en el país.
A través de un comunicado, el Parlamento, controlado por el oficialismo, señaló que elaborará un plan de trabajo basado en las declaraciones de Ortega sobre los procesos políticos internos, con el argumento de garantizar la “paz, seguridad, estabilidad y continuidad” de los programas gubernamentales.
El órgano legislativo anunció que realizará sesiones especiales con el Consejo Supremo Electoral (CSE) para revisar los procedimientos constitucionales y legales relacionados con posibles reformas institucionales.
“La soberanía de nuestro pueblo y de nuestro país es asunto propio de los nicaragüenses”, señaló la Asamblea Nacional, al afirmar que busca cumplir con los mandatos recibidos.
La postura del gobierno nicaragüense generó críticas internacionales. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, acusó a Ortega de mostrar una postura autoritaria y llamó a la comunidad internacional a aumentar la presión diplomática contra el gobierno de Managua.
Por su parte, Costa Rica manifestó preocupación por el cierre de espacios cívicos y la persecución contra voces opositoras, mientras que Panamá cuestionó las declaraciones de Ortega y anunció consultas con su embajador en Nicaragua.
Sectores de la oposición nicaragüense solicitaron a la comunidad internacional acciones para presionar al gobierno y abrir una ruta hacia un proceso democrático.
Ortega, quien llegó al poder en 2007, enfrenta señalamientos de organismos internacionales y grupos opositores por presuntas restricciones a la competencia electoral, persecución política y concentración de poder. Desde 2017 comparte el gobierno con su esposa, Rosario Murillo, quien asumió como copresidenta tras una reforma constitucional aprobada en 2025.
