La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, luego de la difusión de un audio en el que sostiene una conversación con personas que presuntamente se identificaron como funcionarios de Estados Unidos, y afirmó que, hasta el momento, no existen elementos que acrediten una conducta irregular.
Durante su conferencia matutina, la mandataria federal señaló que el caso es distinto al ocurrido en Chihuahua, donde denunció la presencia de agentes de una agencia estadounidense operando en territorio mexicano sin notificación a las autoridades nacionales.
“En el caso de Chihuahua está demostrado que había agentes de una agencia operando en territorio, eso es una violación flagrante a la Ley de Seguridad Nacional”, expresó.
Sobre la conversación difundida por el periodista Héctor de Mauleón, Sheinbaum afirmó que no está claro quiénes son las personas con las que habló la gobernadora ni si realmente pertenecen al Gobierno de Estados Unidos.
La presidenta agregó que, si existe alguna sospecha de irregularidad, deberá investigarse, aunque insistió en que ambos casos son completamente distintos.
Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, consideró que el contenido del audio no permite inferir la comisión de algún delito.
El funcionario explicó que en la conversación únicamente se escucha a la mandataria estatal referirse a información relacionada con las mesas estatales de seguridad, la cual, dijo, no constituye información sensible.
“Se abriría una investigación si hubiera un delito, pero en el audio sinceramente no se infiere ningún tipo de delito”, afirmó.
El audio fue difundido el lunes por Héctor de Mauleón, quien aseguró que Marina del Pilar Ávila ofreció proporcionar información al Buró Federal de Investigaciones (FBI) a cambio de evitar posibles cargos penales en Estados Unidos.
En respuesta, la gobernadora rechazó dichas versiones mediante un comunicado, en el que explicó que la conversación fue sostenida con personas que se presentaron como agentes o intermediarios de autoridades estadounidenses, pero que nunca acreditaron formalmente esa representación.
Ávila negó haber cometido actos ilegales y sostuvo que cualquier colaboración con autoridades extranjeras se realiza únicamente por conductos oficiales y con pleno respeto al marco jurídico mexicano.
Asimismo, rechazó las interpretaciones derivadas de fragmentos aislados de la conversación y aseguró que continuará enfocada en las tareas de seguridad y bienestar para la población de Baja California, además de manifestar su disposición para aclarar cualquier situación.
Hasta el momento, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) no ha emitido una postura sobre el caso. La institución declinó realizar comentarios al ser consultada por medios estadounidenses.
La controversia ocurre en un contexto de tensión entre los gobiernos de México y Estados Unidos por temas de seguridad, cooperación bilateral y política migratoria.
