La administración del presidente Donald Trump aprobó una modificación a la aplicación de la Ley de Especies en Peligro de Extinción (ESA, por sus siglas en inglés), eliminando una interpretación vigente durante décadas que protegía los hábitats de flora y fauna amenazadas, una decisión que ha generado una fuerte reacción de organizaciones ambientalistas.
La medida, emitida por los Departamentos del Interior y de Comercio, redefine el concepto de “daño” dentro de la legislación ambiental estadounidense. Con el cambio, la destrucción o modificación del hábitat dejará de considerarse automáticamente una afectación a las especies protegidas, siempre que no exista un daño o muerte directa de los ejemplares.
Hasta ahora, la ESA —promulgada en 1973— contemplaba que la degradación de los ecosistemas podía poner en riesgo la supervivencia de especies amenazadas al impedirles alimentarse, reproducirse o refugiarse. Esa interpretación fue respaldada por la Corte Suprema de Estados Unidos en una resolución emitida en 1995.
El Gobierno de Trump defendió la modificación al señalar que la definición anterior era “obsoleta” y excedía el alcance original de la legislación.
El secretario del Interior, Doug Burgum, aseguró que la regulación había convertido actividades económicas comunes en una “trampa regulatoria”, elevando costos para ciudadanos y empresas, además de ampliar indebidamente la autoridad del gobierno federal.
Por su parte, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, afirmó que la nueva interpretación reducirá cargas regulatorias para sectores como la pesca y favorecerá el desarrollo de actividades productivas.
La norma será publicada oficialmente en el Registro Federal durante la próxima semana.
Ambientalistas anuncian acciones legales
Diversas organizaciones de defensa del medio ambiente rechazaron la decisión y adelantaron que recurrirán a los tribunales para intentar frenar su aplicación.
La abogada Kristen Boyles, de la organización Earthjustice, sostuvo que, por primera vez, una administración presidencial considera que las especies protegidas no deben estar resguardadas frente a la destrucción de los lugares donde viven.
Los grupos ambientalistas argumentan que la pérdida de hábitat representa la principal causa de extinción de especies y recuerdan que la Corte Suprema ya había reconocido que la alteración de estos ecosistemas constituye una forma de daño contemplada por la ley.
Aunque el Gobierno estadounidense aseguró que permanecerán vigentes las protecciones contra acciones que lesionen o maten directamente a especies en peligro, especialistas advierten que la nueva interpretación podría facilitar proyectos de perforación petrolera, minería, agricultura y desarrollo inmobiliario en zonas ambientalmente sensibles.
La modificación forma parte de una serie de cambios impulsados por la administración Trump para reducir regulaciones ambientales y ampliar el acceso a actividades económicas en áreas con recursos naturales, medidas que anteriormente también han enfrentado impugnaciones judiciales.
