Durante la inauguración del Conversatorio en Materia de Prevención de Tortura y Respeto a los Derechos Humanos en el Marco de la Defensa Penal Pública, el secretario de Gobierno de Querétaro, Eric Gudiño Torres, destacó la importancia de fortalecer las instituciones encargadas de garantizar el acceso a la justicia y la protección de los derechos fundamentales.
El funcionario señaló que la defensa penal pública cumple una función esencial al asegurar que las personas sujetas a procedimientos penales cuenten con una representación jurídica adecuada y profesional, lo que contribuye al respeto del principio de igualdad ante la ley y al debido proceso.
Gudiño Torres afirmó que la prevención de la tortura requiere una estrategia de corresponsabilidad institucional en la que participen de manera coordinada los distintos poderes del Estado, organismos autónomos y dependencias vinculadas con la protección de los derechos humanos.
Durante su intervención, indicó que la capacitación permanente, el diálogo interinstitucional y el fortalecimiento de las capacidades institucionales son elementos necesarios para consolidar una cultura de legalidad y respeto a la dignidad de las personas.
Asimismo, sostuvo que una defensoría pública sólida favorece la transparencia de los procesos judiciales y contribuye a la construcción de un sistema de justicia más accesible y respetuoso de los derechos humanos.
El secretario de Gobierno reiteró el compromiso de la administración estatal para impulsar acciones encaminadas al fortalecimiento institucional y al trabajo coordinado entre autoridades, con el propósito de garantizar la protección de los derechos fundamentales.
También reconoció la labor del Instituto de la Defensoría Penal Pública del Estado de Querétaro, encabezado por Fernando Sámano Álvarez, por la organización del conversatorio como un espacio de análisis y reflexión sobre los retos en materia de defensa penal y prevención de la tortura.
En el encuentro participaron el presidente de la Mesa Directiva de la Legislatura local, Sinuhé Piedragil Ortiz; el magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, Eduardo Sarabia; y el director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, Edgar Pérez González, entre otros representantes institucionales.
