El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto que busca otorgar al Gobierno acceso anticipado a los modelos de inteligencia artificial más avanzados con el objetivo de evaluar riesgos de ciberseguridad y reforzar la protección de infraestructura crítica.
La medida surge en un contexto de creciente preocupación por las capacidades de algunos sistemas de IA, particularmente el modelo Mythos desarrollado por Anthropic, cuyas capacidades en materia de ciberseguridad han generado atención tanto en organismos gubernamentales como en sectores financieros.
El decreto establece que las empresas de inteligencia artificial podrán compartir de manera voluntaria sus nuevos modelos con el Gobierno hasta 30 días antes de ponerlos a disposición de otros socios o clientes. La versión inicial de la propuesta contemplaba un periodo de revisión de 90 días, pero fue reducida tras consultas con representantes de la industria.
La orden también instruye a las agencias de seguridad nacional a fortalecer sus capacidades de defensa digital mediante la creación de un centro de intercambio de información sobre ciberseguridad.
Uno de los puntos centrales del decreto es que la participación de las compañías será voluntaria. El documento señala expresamente que este mecanismo no podrá interpretarse como una autorización para imponer licencias obligatorias, permisos previos o sistemas de autorización gubernamental para el desarrollo de modelos de inteligencia artificial.
La Casa Blanca indicó que la medida busca equilibrar innovación y seguridad sin obstaculizar el desarrollo tecnológico. Según funcionarios estadounidenses, el objetivo es preservar el liderazgo del país en inteligencia artificial y ciberseguridad.
Empresas del sector participaron en el proceso de elaboración del decreto, entre ellas OpenAI, Anthropic y Microsoft.
Chris Lehane, director global de asuntos públicos de OpenAI, calificó la medida como un paso importante para avanzar simultáneamente en innovación y seguridad, mientras que el presidente de Microsoft, Brad Smith, afirmó que la iniciativa contribuye a proteger a la población sin frenar el desarrollo tecnológico.
La decisión representa un ajuste en la postura inicial de la administración Trump respecto a la regulación de la inteligencia artificial. Aunque el Gobierno había mantenido una estrategia de intervención limitada, las crecientes preocupaciones sobre el potencial uso de modelos avanzados para facilitar ciberataques impulsaron la adopción de mecanismos de supervisión preventiva.
Expertos en seguridad han advertido que los sistemas de IA más avanzados pueden incrementar la capacidad de actores maliciosos para identificar vulnerabilidades informáticas y automatizar ataques, por lo que una evaluación previa por parte de las autoridades podría permitir el desarrollo anticipado de medidas de protección.
El decreto había sido programado originalmente para firmarse el 20 de mayo, pero fue pospuesto después de que Trump expresara preocupaciones sobre posibles efectos negativos para la innovación. Tras modificaciones al texto, la orden ejecutiva fue finalmente aprobada con un enfoque centrado en la cooperación voluntaria entre Gobierno e industria tecnológica.
