El senador Agustín Dorantes Lámbarri participó en el Foro “Evolución del Derecho Familiar en Querétaro”, organizado por la Universidad Autónoma de Querétaro, donde reconoció que aún existe una falta de vinculación entre la legislación y la práctica cotidiana del derecho, particularmente en el combate a los deudores alimentarios.
Durante su intervención, el legislador señaló que, pese a las reformas impulsadas en materia de protección a niñas, niños y adolescentes, persisten vacíos que impiden garantizar plenamente el cumplimiento de las obligaciones alimentarias.
“¿A qué conclusión podemos llegar con estos números? Hay muchos juicios, se calcula a través de organizaciones de la sociedad civil que en Querétaro hay 3 mil deudores de más de 3 meses, pero eso no lo tenemos, no hay una cifra oficial. Hay muchos deudores que no están inscritos y de los que están inscritos, no hay acciones, no hay dientes para el Registro, para obligar a que paguen la pensión”, expresó.
Agustín Dorantes detalló que gracias a las modificaciones federales impulsadas desde 2024, el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA) pasó de registrar apenas cuatro personas en ese año, a 165 durante 2025 y 223 en lo que va de 2026. Sin embargo, reconoció que dichas cifras aún no se traducen en el cumplimiento efectivo de las responsabilidades alimentarias.
El senador afirmó que mientras en el Senado de la República no se han concretado reformas de mayor alcance, en Querétaro sí se han implementado acciones coordinadas entre el Poder Ejecutivo estatal y el Tribunal Superior de Justicia para restringir trámites y servicios a quienes aparecen inscritos en el RNOA, así como impedir su contratación en ciertos espacios laborales o de prestación de servicios.
En el foro también participaron el maestro José Manuel Herrera Altamirano, quien abordó “la necesidad de los mecanismos alternos en la materia familiar”, y el maestro Manuel Hernández Rodríguez, con una exposición sobre las reformas que impactan en la adopción en Querétaro.
Los participantes coincidieron en la necesidad de fortalecer las herramientas jurídicas y administrativas que permitan proteger de manera efectiva los derechos de niñas, niños y adolescentes en la entidad.
