La Fiscalía General de la República informó que iniciará una investigación para determinar si existen elementos que respalden la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios por presuntos vínculos con el narcotráfico y posesión de armas.
El vocero de la FGR, Ulises Lara López, señaló que se recabará información para establecer si existen datos de prueba suficientes que permitan sustentar solicitudes de órdenes de aprehensión conforme a la legislación mexicana.
Indicó que, de acuerdo con el marco legal, una orden de aprehensión requiere elementos que infieran la probable comisión de un delito, y que en casos de extradición se debe acreditar la suficiencia probatoria conforme a los tratados bilaterales vigentes.
El funcionario también subrayó que las solicitudes de detención provisional o extradición deben mantenerse bajo confidencialidad, y advirtió que la difusión pública de estos procesos, como ocurrió en este caso con autoridades del Distrito Sur de Nueva York, puede contravenir normas procesales.
Asimismo, precisó que para proceder penalmente contra servidores públicos con fuero, como gobernadores o legisladores, es necesario un juicio de procedencia que retire la inmunidad.
La postura de la FGR se emitió luego de que autoridades estadounidenses informaran sobre una acusación formal contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios de Sinaloa, por presuntos delitos relacionados con el tráfico de drogas y armas, en un caso que los vincula con una facción del Cártel de Sinaloa.
Entre los señalados se encuentran Gerardo Mérida Sánchez, Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán.
Tanto Rocha Moya como Gámez Mendívil rechazaron las acusaciones.
