La organización Amnistía Internacional advirtió que Colombia y Venezuela se mantienen entre los países más peligrosos del mundo para la defensa de los derechos humanos, debido a la persistencia de la violencia armada y la represión estatal, respectivamente.
En su informe presentado en Bogotá, la organización señaló que Colombia enfrenta una crisis derivada del conflicto armado, mientras que en Venezuela se documenta un patrón sistemático de restricción del espacio cívico mediante acciones del Estado.
Sobre Colombia, el informe cuestiona la política de “paz total” impulsada por el presidente Gustavo Petro, al considerar que no existen garantías claras de verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas. Esta estrategia contempla negociaciones con grupos como el Ejército de Liberación Nacional, disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Clan del Golfo.
El informe indica que más de nueve millones de personas en Colombia han sido víctimas del conflicto armado, con un aumento de desplazamientos forzados y confinamientos en 2025, afectando principalmente a comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. Además, el programa Somos Defensores reportó 165 asesinatos de defensores en ese año, el nivel más alto durante la actual administración.
En el caso de Venezuela, la directora de Amnistía en ese país, Nastassja Rojas, señaló la existencia de un esquema de violaciones de derechos humanos que involucra a cuerpos de seguridad, el sistema judicial y el Ministerio Público, así como un marco legal restrictivo.
El informe documenta detenciones arbitrarias persistentes, con 806 personas privadas de la libertad de forma irregular en 2025 y más de 400 que continúan detenidas. También se reportan desapariciones forzadas —al menos 63 casos—, persecución a periodistas, manifestantes y activistas.
Entre los casos señalados se encuentra el del defensor Yendri Velásquez, quien fue víctima de un ataque armado en Bogotá tras huir de Venezuela.
Amnistía concluye que ambas situaciones reflejan crisis estructurales que requieren atención internacional, ante el riesgo permanente que enfrentan quienes defienden derechos humanos en la región.
