El Gobierno de Chile, encabezado por el presidente José Antonio Kast, anunció una modificación al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) que derivará en un aumento cercano al 30 % en la gasolina y de más del 60 % en el diésel a partir del 26 de marzo.
La medida responde al encarecimiento internacional del petróleo, impulsado por la guerra en Irán y el bloqueo del Estrecho de Ormuz, lo que ha impactado a economías de toda América Latina.
Para mitigar el impacto, el gobierno chileno anunció subsidios a taxistas, congelamiento de tarifas del transporte público y del precio de la parafina, además de facilitar créditos para la adquisición de vehículos eléctricos.
El aumento representa un golpe significativo al bolsillo de los ciudadanos, en un contexto donde otros países de la región también han adoptado medidas para contener el alza. México, por ejemplo, implementó estímulos fiscales, mientras Brasil eliminó el impuesto federal al diésel y aplicó un gravamen a la exportación de crudo.
Por su parte, Ecuador optó por focalizar subsidios en los sectores más vulnerables, y Bolivia anunció que no incrementará los precios de los combustibles al menos hasta mediados de año.
Especialistas advierten que, si bien estas medidas pueden amortiguar el impacto inmediato, no son sostenibles a largo plazo. El economista Bismarck Arevilca señaló que subsidios o reducciones fiscales pueden deteriorar las finanzas públicas, mientras que trasladar el alza al consumidor puede generar inflación y malestar social.
En la misma línea, el académico Jorge Berríos explicó que estas decisiones dependen de la capacidad fiscal de cada país y del alcance de la crisis energética global.
Analistas coinciden en que el principal riesgo es inflacionario, ya que el aumento en combustibles impacta cadenas de transporte, distribución y alimentos, presionando los precios en toda la economía.
Aunque las medidas buscan contener un shock considerado transitorio, expertos advierten que podrían convertirse en cargas estructurales si se prolongan en el tiempo, afectando la estabilidad fiscal de los países.
