Un informe presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advierte que en el marco del régimen de excepción aplicado en El Salvador desde marzo de 2022 se habrían cometido violaciones a derechos humanos que “podrían constituir crímenes de lesa humanidad”.
El documento fue elaborado por el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES) y presentado durante una audiencia pública en Guatemala.
Según el informe, existen “bases razonables” para considerar que, bajo el régimen impulsado por el presidente Nayib Bukele con respaldo del Congreso dominado por el partido Nuevas Ideas, se han cometido actos que encajarían en el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que tipifica los crímenes de lesa humanidad.
Durante la audiencia, Leonor Arteaga, de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), señaló que aunque el país ha sido presentado como un ejemplo en la reducción de la criminalidad, organizaciones civiles, periodistas y víctimas han denunciado altos costos en materia de derechos humanos.
Entre las prácticas documentadas se mencionan detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, violaciones al debido proceso y actos de tortura que, según los especialistas, se habrían convertido en prácticas sistemáticas.
La experta Susana SáCouto advirtió que los hechos recopilados apuntan a la comisión de delitos internacionales contra la población civil, incluyendo encarcelamientos en violación de normas del derecho internacional, tortura, asesinatos, violencia sexual y persecución.
El informe indica que hasta agosto de 2025 se registraron 403 muertes bajo custodia estatal, entre ellas cuatro menores de edad, mientras que hasta febrero de 2025 se documentaron 540 casos de desaparición forzada.
Ante estos hallazgos, el GIPES recomendó al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas crear una misión internacional de investigación para esclarecer las violaciones y garantizar rendición de cuentas.
El documento cuenta con el respaldo de organizaciones como la Federación Internacional de Derechos Humanos, la Comisión Internacional de Juristas, InterJust, el Proyecto de Investigación IMPACTUM y el programa de estudio de derechos humanos de la Universidad de Gante.
