En los dos procesos electorales más recientes en Querétaro se presentaron 51 denuncias por violencia política contra las mujeres en razón de género ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro; sin embargo, solo cuatro casos derivaron en sanciones por parte del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro.
Los datos fueron expuestos por la investigadora Alejandra Martínez Galán durante el conversatorio “Mujeres en la Política: Escenarios de la violencia política en contextos locales”, donde se analizaron las condiciones de participación de las mujeres en los procesos electorales de la entidad.
De acuerdo con la información presentada, en el mismo periodo el Instituto Nacional Electoral recibió tres denuncias vinculadas con este tipo de violencia en el estado, aunque ninguna concluyó con sanciones. Asimismo, ante la fiscalía se reportaron 36 casos que no avanzaron a la etapa de judicialización.
La investigadora señaló que la diferencia entre el número de denuncias presentadas y los casos sancionados refleja un fenómeno recurrente en el tratamiento institucional de este tipo de quejas.
En el ámbito municipal, el análisis también muestra variaciones en la presencia de mujeres al frente de los gobiernos locales. En el proceso electoral de 2018 fueron electas seis presidentas municipales; para el periodo 2021-2024 el número se redujo a cinco y actualmente cuatro municipios del estado son encabezados por mujeres de un total de 18.
El estudio incluyó además un ejercicio cualitativo realizado en 2025 con entrevistas a tres participantes en el último proceso electoral municipal que señalaron haber enfrentado diferentes formas de violencia durante sus campañas.
Entre las prácticas mencionadas se encuentran agresiones en entornos digitales, presiones psicológicas y acciones institucionales que afectan la participación política. De acuerdo con la investigación, estos tipos de violencia pueden presentarse de manera simultánea.
Martínez Galán explicó que los conflictos políticos a nivel municipal suelen desarrollarse en entornos donde las relaciones personales y comunitarias son más cercanas, lo que puede intensificar las disputas y tensiones durante las contiendas electorales.
El análisis también señala que en algunos contextos los episodios de violencia política pueden pasar desapercibidos o ser minimizados dentro del debate público, lo que complica su identificación y registro formal.
Finalmente, se indicó que el seguimiento de denuncias, la documentación de los casos y la actuación de las instituciones encargadas de atenderlos son factores que influyen en la forma en que estos hechos son reconocidos dentro de los procesos electorales.
