En reunión de trabajo de las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Puntos Constitucionales de la LXI Legislatura del Estado de Querétaro se expuso el contenido de la iniciativa presentada por el gobernador Mauricio Kuri González, relativa a la modificación de diversas disposiciones constitucionales del Poder Judicial local.
Se explicó que la propuesta deriva del Decreto federal de reforma del 15 de septiembre de 2024, el cual establece la obligación de las entidades federativas de adecuar su marco normativo para concretar la renovación total de los cargos judiciales mediante elección popular, proceso que deberá concluir dentro del periodo electoral de 2027.
La iniciativa plantea que magistraturas y judicaturas sean electas por voto directo y secreto de la ciudadanía. Se propone que los jueces ejerzan mandatos de nueve años con posibilidad de una reelección, así como la integración del Tribunal Superior de Justicia con un mínimo de 13 magistraturas propietarias y suplentes.
En cuanto a requisitos para ocupar magistraturas, se establece, entre otros puntos, acreditar residencia mínima de tres años en el estado previos a la elección; no haber desempeñado cargos como titular de secretaría del Poder Ejecutivo, fiscal o diputado local durante el año anterior a la convocatoria; además de la eliminación del requisito de edad.
La reforma contempla la creación de un órgano de administración judicial integrado por cinco miembros, junto con representantes de Barras, Colegios de Abogados y universidades. Las designaciones corresponderán al Poder Ejecutivo, al Congreso local y al Pleno del Tribunal Superior de Justicia, bajo criterios de mayoría calificada. La duración del encargo será de seis años, sin reelección.
Asimismo, se propone la instauración del Tribunal de Disciplina Financiera, compuesto por cinco integrantes electos por la ciudadanía, con cargos de seis años, renovación escalonada y prohibición de reelección.
La iniciativa establece que ninguna magistratura podrá percibir una retribución superior a la del titular de la Presidencia de la República.
De acuerdo con lo expuesto, las personas juzgadoras electas en el proceso ordinario de 2027 iniciarían funciones el 1 de octubre de ese año. Se incluye la prohibición de proselitismo de partidos políticos y servidores públicos, con el objetivo de evitar injerencias en el proceso electivo.
Finalmente, se señaló que la propuesta incorpora un enfoque de justicia restaurativa, privilegiando mecanismos alternativos de solución de conflictos para reducir cargas procesales, tiempos de resolución y costos de judicialización.
