El diputado Eric Silva Hernández, presidente de la Comisión legislativa de Seguimiento de la Agenda 2030, informó que la iniciativa de Ley Estatal de Aguas para Querétaro se encuentra en su etapa final de redacción y será presentada formalmente en marzo.
Durante una rueda de prensa, acompañado por la diputada Andrea Tovar Saavedra, presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Comunicaciones, el legislador detalló que el proyecto es resultado de cinco meses de mesas de trabajo plurales y abiertas con colectivos, activistas y organizaciones de la sociedad civil.
Silva Hernández señaló que el objetivo central ha sido integrar las necesidades de la población rural y urbana en materia hídrica, bajo una visión sustentable y de justicia social. Entre los ejes principales de la propuesta destacan:
- Terminar con la concesión privada del servicio de agua potable para uso doméstico.
- Reconocer el derecho humano al agua y su saneamiento.
- Establecer un mínimo vital de 100 litros diarios por persona, independientemente de la capacidad de pago.
- Proteger cuencas, acuíferos y zonas de recarga mediante planes de gestión y límites a la urbanización en áreas de riesgo.
- Implementar una reforma tarifaria con criterios de justicia, accesibilidad y flexibilidad.
- Crear la Contraloría Social del Agua con carácter ciudadano, autónomo e independiente.
- Reconocer la gestión comunitaria del agua.
- Garantizar la calidad del agua y sancionar la contaminación.
- Prohibir el uso de aguas residuales para consumo humano.
- Impulsar ecotecnias y separación de aguas grises y pluviales.
- Combatir fugas, pérdidas e irregularidades, incluido el huachicol de agua.
- Establecer un Sistema Estatal de Información del Agua, actualizado y transparente.
- Regionalizar la gestión hídrica con inclusión efectiva de sectores rurales y urbanos.
- Implementar protocolos de gestión integral de riesgos hidroambientales.
Por su parte, Andrea Tovar afirmó que la iniciativa responde a problemáticas estructurales del estado, como la falta de información precisa sobre la disponibilidad del recurso, la ausencia de criterios tarifarios uniformes y la necesidad de fortalecer las políticas de recarga y captación.
La legisladora adelantó que, una vez presentada y turnada a comisión, se continuará el análisis técnico y legislativo para su eventual aprobación.
