La ausencia y desatención de la presidenta municipal de Peñamiller, Ana Karen Jiménez Guillén, frente a reclamos ciudadanos reiteradamente ignorados, podrían constituir causales para que la Legislatura del Estado de Querétaro le inicie un juicio político, conforme a lo previsto en el Artículo 17 de la Constitución Política de la entidad, con la consecuente apertura del proceso legal para su destitución.
Así lo afirmó el diputado local Eric Silva Hernández, representante del Distrito XIV —que incluye a dicho municipio—, quien lamentó que el desinterés de las autoridades municipales ante las demandas sociales haya derivado en la toma de las instalaciones de la presidencia municipal desde el pasado miércoles 4 de febrero.
De acuerdo con el legislador, desde esa fecha la alcaldesa se ha mantenido ausente y se ha negado a presentarse a dialogar con la ciudadanía para atender sus exigencias, entre las que destacan la solución al problema ambiental generado por el relleno sanitario ubicado en la comunidad de Enramadas, así como el pago de las indemnizaciones correspondientes a los ejidatarios afectados.
Silva Hernández detalló que entre los reclamos ciudadanos también se encuentran la atención a los problemas de inseguridad; las presuntas violaciones a derechos humanos cometidas por policías municipales; la reincorporación de la delegada Nayeli Díaz a las funciones públicas para las que fue electa; y la reactivación de la investigación relacionada con la desaparición del exalcalde Manuel García Leal.
El diputado explicó que el Artículo 38, Fracción I, de la Constitución Política del Estado de Querétaro establece como causal de juicio político los actos u omisiones de los servidores públicos que redunden en perjuicio de los intereses públicos, supuesto en el que, señaló, encuadra la conducta de la titular del Poder Ejecutivo municipal de Peñamiller.
Finalmente, Silva Hernández sostuvo que la negativa de la alcaldesa a atender y resolver las problemáticas expuestas está afectando directamente a la población del municipio, al prolongar el malestar social y generar condiciones para que el plantón ciudadano en las instalaciones administrativas se mantenga por tiempo indefinido.
