La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que solicitará a la Asamblea Nacional la aprobación de una Ley de Amnistía General que permitiría la liberación de centenares de personas detenidas por razones políticas, al abarcar el periodo de confrontación política y violencia desde 1999 hasta la actualidad.
El anuncio fue realizado durante un acto en el Tribunal Supremo de Justicia con motivo del inicio del año judicial, donde Rodríguez señaló que la iniciativa busca “reparar las heridas” derivadas de la confrontación política, reencauzar la justicia y restablecer la convivencia entre los venezolanos.
En el mismo evento, la mandataria informó sobre el cierre del Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y señalado por organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos como un centro de detención y presuntas torturas. Indicó que el inmueble será transformado en un centro social, deportivo, cultural y comercial como parte del programa “Guardianes de la Patria”, dirigido a beneficiar a funcionarios policiales y comunidades cercanas.
Los anuncios se producen en un contexto marcado por la reciente operación militar del 3 de enero, en la que Estados Unidos capturó en Caracas al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, y por el posterior anuncio de excarcelaciones presentado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, como un gesto de “unión nacional”.
De acuerdo con cifras oficiales, más de 600 personas habrían sido liberadas; sin embargo, la organización Foro Penal reportó que hasta el 29 de enero había verificado la excarcelación de 302 personas y contabilizaba 711 personas privadas de la libertad por razones políticas, entre civiles y militares. La ONG atribuye la persistencia de cifras elevadas a la existencia de casos no denunciados previamente por temor.
Rodríguez reconoció que la ley no aplicará para personas procesadas o condenadas por homicidio, narcotráfico, corrupción o violaciones graves a los derechos humanos, al existir impedimentos constitucionales. Señaló que el proyecto será elaborado con carácter urgente por la Comisión para la Revolución Judicial y deberá ser aprobado con celeridad por la Asamblea Nacional.
El director de Foro Penal, Alfredo Romero, expresó que una amnistía general es positiva siempre que no derive en impunidad, incluya a toda la sociedad civil sin discriminación y contribuya al desmantelamiento de los mecanismos de persecución política en Venezuela.
