Miles de vendedores ambulantes de Nueva York, en su mayoría inmigrantes, celebraron una victoria histórica luego de que el Concejo municipal anulara el bloqueo del exalcalde Eric Adams a un paquete de reformas que permitirá emitir más licencias y regularizar la actividad tras décadas de restricciones.
Alrededor de 23 mil vendedores ambulantes, que aportan millones de dólares anuales a la economía local, habían sido excluidos del sistema formal por un límite de licencias vigente desde hace décadas. La mayoría de este sector está integrada por personas originarias de México (30 %), Ecuador (24 %), Egipto (20 %), Senegal (7 %) y Estados Unidos (4 %), con una alta participación de mujeres y veteranos militares.
Desde 1979, las licencias para la venta ambulante de bienes no alimentarios estaban limitadas a 853, mientras más de 10 mil solicitantes permanecían en lista de espera. Esta restricción propició un mercado clandestino de permisos, en el que licencias antiguas eran rentadas de manera ilegal por miles de dólares al año.
Las limitaciones también obligaron a miles de vendedores, en especial inmigrantes recién llegados, a operar sin licencia, exponiéndose a multas de hasta mil dólares y al decomiso de mercancía. Bajo la administración de Adams, muchos de estos casos fueron canalizados a cortes criminales, lo que incrementó el riesgo de detención migratoria y deportación.
El paquete de reformas incluye la creación de la División de Asistencia a Vendedores Ambulantes dentro del Departamento de Servicios para Pequeñas Empresas, encargada de capacitación, orientación y cumplimiento normativo. Además, se autoriza a dependencias de salud y protección al consumidor a emitir licencias hasta alcanzar el nuevo tope establecido.
De acuerdo con la Oficina Independiente de Presupuesto, las reformas podrían generar un impacto económico neto de 59 millones de dólares anuales para la ciudad.
En la misma sesión, el Concejo de Nueva York anuló 17 vetos del exalcalde Adams a iniciativas relacionadas con protecciones laborales, vivienda asequible y mecanismos legales para que sobrevivientes de violencia de género puedan exigir justicia.
