A pesar de una conferencia de prensa encabezada este jueves por Tom Homan, nuevo responsable de la ofensiva migratoria del gobierno de Donald Trump, persiste la falta de claridad sobre el rumbo que tomará la operación en Minneapolis tras la muerte de Alex Pretti. Lo que sí resulta evidente es la preocupación de la Casa Blanca por el costo político que han generado las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Durante su mensaje, Homan adelantó que habrá una reducción de agentes en Minneapolis y un cambio hacia operaciones “dirigidas”, enfocadas en riesgos a la seguridad pública y nacional. Reconoció desviaciones en la ejecución previa y aseguró que habrá sanciones para agentes que no actúen con profesionalismo, marcando distancia con la postura anterior del gobierno de no admitir errores.
En paralelo, se confirmó que ICE canceló de manera abrupta una operación similar en el estado de Maine, decisión anunciada por la senadora republicana Susan Collins. La retirada ocurre apenas ocho días después del inicio del despliegue y refleja un ajuste político ante el riesgo de reacciones adversas en un estado clave para los republicanos en el Senado.
En Washington, la Casa Blanca y el liderazgo republicano muestran disposición a realizar concesiones a los demócratas para evitar un cierre del gobierno federal. Entre las maniobras destaca la posible exclusión del financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional del actual paquete presupuestal, lo que abriría espacio a nuevas negociaciones sobre límites a las tácticas de ICE.
Este repliegue coincide con un deterioro en la opinión pública. Encuestas recientes muestran un aumento sostenido en la percepción de que ICE actúa con excesiva dureza y una caída de la aprobación de Trump en materia migratoria a mínimos históricos. Aunque el mandatario ha mantenido políticas impopulares en el pasado, en este caso su gobierno comienza a ajustar el discurso y la operación, reflejando una aceptación tácita del impacto político del endurecimiento migratorio.
