El gobierno de Donald Trump abandonó con rapidez su estrategia habitual de “negar y atacar” tras la muerte del enfermero estadounidense Alex Pretti, baleado por agentes federales en Mineápolis el sábado por la mañana. En menos de 24 horas, la difusión de videos del tiroteo en redes sociales evidenció una desconexión entre la versión oficial de la Casa Blanca y lo que la opinión pública podía observar directamente.
Ante ese escenario, la administración modificó su discurso. El énfasis dejó de estar en criminalizar a la víctima y se desplazó hacia una narrativa política que responsabiliza a los demócratas por el contexto de violencia. El propio presidente adoptó este giro, mientras funcionarios federales comenzaron a moderar el tono inicial.
La magnitud del cambio quedó reflejada cuando medios estadounidenses, entre ellos CBS News, informaron que el comandante de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, y parte de su equipo abandonarían Mineápolis tras el caso Pretti. En paralelo, los demócratas endurecieron sus críticas contra la política de deportaciones masivas y las tácticas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza, abriendo la puerta a un nuevo enfrentamiento presupuestal que podría derivar en un cierre parcial del gobierno federal.
El fiscal general adjunto, Todd Blanche, describió la situación como un “polvorín”. Aunque responsabilizó a los demócratas, el consenso transversal es que el escenario es altamente riesgoso.
La respuesta inicial
En las primeras horas tras el tiroteo, el gobierno federal calificó a Pretti, de 37 años, como un “terrorista local” que buscaba causar daño. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que el enfermero “blandía” un arma y pretendía “infligir daño”. Bovino sostuvo que se trataba de un individuo que buscaba “masacrar a las fuerzas del orden”, mientras que el asesor presidencial Stephen Miller lo describió como un “aspirante a asesino”.
Sin embargo, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, evitó este lunes respaldar públicamente esas declaraciones y optó por anunciar una investigación completa, marcando un tono más contenido.
La narrativa oficial comenzó a resquebrajarse cuando autoridades locales, testigos y la familia de Pretti cuestionaron la versión federal. Sus padres exigieron que se conociera la verdad y calificaron de “censurables y repugnantes” las declaraciones del gobierno sobre su hijo.
Videos del incidente muestran a Pretti grabando a agentes del ICE y auxiliando a una mujer empujada por ellos antes de que ambos fueran rociados con gas pimienta. No se observa al enfermero empuñando un arma cuando es derribado. El Departamento de Seguridad Nacional sostiene que portaba una pistola semiautomática de 9 mm y cargadores, mientras que la policía local confirmó que era propietario legal de armas, algo permitido en Minesota bajo ciertas condiciones.
Crecen las críticas
La respuesta federal se volvió insostenible incluso para sectores republicanos. El jefe de la policía de Mineápolis, Brian O’Hara, advirtió que “la gente está harta” y subrayó que sus agentes realizaron cientos de arrestos el año pasado sin recurrir a disparos. El gobernador republicano de Vermont, Phil Scott, calificó la intervención federal como un “fracaso completo” y, en el peor de los casos, como “intimidación federal deliberada”.
El senador John Curtis, de Utah, criticó la reacción “prematura” de Noem, señalando que debilitó la confianza pública. Legisladores federales anunciaron audiencias para revisar el caso.
Ajuste en la Casa Blanca
Desde el domingo por la noche, el discurso presidencial cambió. El secretario de Asuntos de Veteranos, Doug Collins, expresó condolencias a la familia. Trump calificó la muerte de “trágica” en Truth Social y culpó al “caos provocado por los demócratas”. Además, anunció el envío del “zar fronterizo” Tom Homan a Minesota para supervisar la operación, coincidiendo con la salida de Bovino.
Homan es visto como un operador más pragmático y políticamente sensible. Aunque su llegada no implica un viraje en la política migratoria, sí apunta a un ajuste en la forma de comunicarla, ante un creciente descontento ciudadano. Una encuesta reciente de CBS reveló que 61% de los estadounidenses considera que el ICE actúa con excesiva dureza y 58% desaprueba su gestión migratoria.
Trump también reportó conversaciones “positivas” con el gobernador de Minesota, Tim Walz, y con el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, marcando una distensión tras semanas de confrontación.
Riesgo político
La muerte de Pretti intensificó las protestas en Mineápolis y aumentó la presión sobre los demócratas en Washington para fijar una postura firme. Senadores anunciaron que bloquearán el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional, lo que podría provocar un cierre parcial del gobierno.
La maniobra implica riesgos, dado el antecedente de cierres previos con alto costo político. Aun así, el caso Pretti se ha convertido en un punto de inflexión: está en juego la percepción pública de la política migratoria de Trump, uno de los ejes centrales de su proyecto político y un factor clave en su regreso a la Casa Blanca.
