Un nuevo choque político se abrió en el condado de Lehigh, en Pensilvania, luego de que autoridades locales exigieran el desalojo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de edificios propiedad del condado, decisión que fue duramente cuestionada por el congresista republicano Ryan Mackenzie.
El legislador, representante de un distrito considerado indeciso, afirmó en entrevista con Fox News que los funcionarios del condado “se equivocan gravemente” al intentar expulsar a ICE, al considerar que esta medida interfiere directamente con investigaciones criminales relevantes. Mackenzie sostuvo que, desde esas oficinas, las autoridades federales han detenido a inmigrantes indocumentados condenados por robo y delitos violentos, incluidos casos de abuso sexual contra menores.
La postura del congresista surge después de una rueda de prensa encabezada por el contralor del condado, Mark Pinsley, y el recién electo ejecutivo del condado de Lehigh, Josh Siegel, quienes cuestionaron la “legitimidad” de las fuerzas federales de inmigración y exigieron el retiro inmediato de ICE. Durante el acto, Pinsley calificó los pagos de alquiler del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) como “dinero manchado de sangre”.
El condado reclama el pago inmediato de 115 mil dólares por concepto de rentas atrasadas y la terminación de toda negociación con el DHS. De acuerdo con Pinsley, ICE habría ocupado durante 38 meses espacios del condado sin que dicha ocupación estuviera plenamente contemplada en un contrato de arrendamiento.
Mackenzie rechazó estos argumentos y acusó a los funcionarios locales de actuar por motivos ideológicos. “Esto no tiene que ver con el alquiler, sino con una agenda política de extrema izquierda”, señaló, al tiempo que calificó a Siegel y Pinsley como “extremistas egoístas” que ponen en riesgo la cooperación en materia de seguridad.
Por su parte, Pinsley defendió la decisión y aseguró que el condado “no debería hacer negocios con una agencia cuyas acciones generan miedo en lugar de seguridad”. Incluso afirmó que se emitirá una orden formal de desalojo, dando a ICE un plazo de días para abandonar las instalaciones.
El fiscal del condado de Lehigh, Gavin Holihan, expresó una postura distinta. Reconoció que el DHS ha sido clave en investigaciones locales relacionadas con tráfico de personas y propuso que el pago del alquiler se cubra con recursos provenientes de la confiscación de bienes ligados al narcotráfico, a fin de mantener la colaboración con las autoridades federales.
Allentown, sede del condado de Lehigh y tercera ciudad más grande de Pensilvania, se encuentra así en el centro de un debate que combina migración, seguridad pública y confrontación política, en un contexto nacional marcado por la polarización en torno al papel de ICE.
