Nueve de los once consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) entregaron este lunes un amplio paquete de propuestas para ser consideradas en el proyecto de reforma electoral que la presidenta Claudia Sheinbaum enviará al Congreso de la Unión.

Encabezados por la consejera presidenta Guadalupe Taddei, los integrantes del órgano electoral se reunieron con Pablo Gómez Álvarez, presidente de la Comisión Presidencial Electoral, a quien hicieron llegar un documento que contiene más de 240 planteamientos sobre el futuro del sistema electoral mexicano.

Entre las propuestas destaca la intención de que el presupuesto del INE quede vinculado al Producto Interno Bruto (PIB), con el objetivo de evitar recortes que, a juicio de los consejeros, afectarían la calidad de la democracia. El consejero Arturo Castillo advirtió que sin recursos suficientes se compromete la confiabilidad de las elecciones.

El documento también plantea vetar el uso del secreto ministerial en investigaciones relacionadas con procesos electorales, sancionar a funcionarios que no colaboren con el INE cuando se requiera avanzar en procedimientos, y mantener la figura de los legisladores electos por representación proporcional. En este último punto, el consejero Jaime Rivera subrayó que los plurinominales fortalecen la representación política y garantizan la presencia de minorías en el Congreso.

Durante el encuentro, Gómez Álvarez adelantó que la propuesta de indexar el presupuesto del INE al PIB no es viable, ya que uno de los ejes centrales de la reforma será reducir de manera sustancial los costos de las elecciones y de la democracia en el país. Sostuvo que una fórmula de ese tipo podría incrementar el gasto electoral.

Los consejeros insistieron en la necesidad de preservar la autonomía del organismo electoral. Al respecto, Gómez Álvarez aseguró que el gobierno federal no busca órganos electorales ni jurisdiccionales subordinados, aunque reconoció que la próxima reforma electoral no será producto de consensos amplios y generará inconformidades.

El funcionario federal afirmó que el objetivo central será resolver problemas estructurales del sistema electoral y que, para ello, se requiere disposición política, aun en un escenario de desacuerdos.

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