El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, vetó de manera integral el proyecto de ley aprobado por el Congreso que buscaba reducir las penas del expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión, y de otros implicados en la conspiración golpista posterior a las elecciones de 2022.
El veto fue firmado durante un acto conmemorativo realizado en Brasilia, al cumplirse tres años del asalto a las sedes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, perpetrado el 8 de enero de 2023 por simpatizantes del exmandatario ultraderechista.
Durante su intervención, Lula subrayó la solidez de las instituciones democráticas brasileñas y afirmó que los acusados por el intento de golpe de Estado recibieron “un juicio justo, con todos sus derechos preservados”. Señaló que el proceso llevado a cabo por el Supremo Tribunal Federal (STF) constituye una de las pruebas más claras del vigor de la democracia en el país.
El mandatario destacó que los imputados contaron con pleno derecho a la defensa y fueron juzgados con transparencia e imparcialidad, y reconoció la labor de los magistrados de la Corte Suprema, cuya actuación —dijo— quedará registrada en la historia institucional de Brasil.
La ceremonia no contó con la presencia de los presidentes del Senado, Davi Alcolumbre, ni de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, quienes justificaron su ausencia por motivos personales. Tampoco asistieron ministros del STF, que optaron por realizar actos institucionales separados.
Aunque el veto presidencial bloquea por ahora la iniciativa, el Congreso Nacional conserva la facultad de revertirlo y aprobar la ley sin la firma del Ejecutivo.
El proyecto vetado incluía disposiciones que beneficiaban directamente a la cúpula del movimiento golpista. Entre ellas, impedía la acumulación de penas por los delitos de intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho y golpe de Estado, al considerarlos figuras penales similares y aplicar únicamente la sanción más grave, lo que reducía de forma sustancial los años de condena.
La propuesta también planteaba reducir hasta en dos tercios las penas cuando los delitos fueran cometidos como parte de una “multitud”, como ocurrió en los hechos del 8 de enero de 2023, y permitía una progresión acelerada al régimen semiabierto tras cumplir apenas una sexta parte de la condena.
De haberse aprobado, estas medidas habrían permitido que Bolsonaro, altos mandos militares y exministros de su Gobierno accedieran al régimen semiabierto en poco más de dos años, aunque con restricciones como pernoctar en prisión y permanecer recluidos los fines de semana durante un periodo determinado por la Justicia.
A tres años de los ataques contra las sedes de los tres poderes, el Supremo Tribunal Federal ha condenado a más de mil 399 personas por su participación en los hechos. De los 31 principales acusados de liderar, planificar o ejecutar la trama golpista, 29 recibieron sentencias de prisión, incluido el expresidente Bolsonaro, señalado como el principal articulador del intento de ruptura institucional.
Los dos imputados restantes —un general del Ejército y un delegado de la Policía Federal, exdirector de Operaciones del Ministerio de Justicia— fueron absueltos por falta de pruebas.
Las condenas incluyen delitos como intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, integración en organización criminal armada, daños graves y deterioro de patrimonio protegido. Hasta ahora, solo siete condenados del denominado “núcleo 1”, al que pertenece Bolsonaro, cumplen pena efectiva, mientras el resto continúa en fase de apelación.
