La legisladora local Díaz Gayou expuso ante medios de comunicación una serie de argumentos para solicitar la cancelación del plebiscito promovido por el Ayuntamiento de Querétaro para avalar un proyecto de movilidad alterna tipo teleférico, al considerar que presenta deficiencias técnicas, jurídicas, sociales y financieras.
Señaló que, conforme a la calendarización oficial, el ejercicio de participación ciudadana tendría que realizarse en abril, lo que implicaría que a más tardar en febrero se cubra un monto cercano a los 30 millones de pesos solicitados por el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) para su organización. Advirtió que el gasto resulta elevado frente a la falta de información clara y a la inexistencia de un proyecto ejecutivo definido.
Indicó que, si bien la participación ciudadana es un principio fundamental, no debe utilizarse para validar proyectos improvisados, sin metas específicas, sin estudios de costo-beneficio y sin claridad sobre su viabilidad a largo plazo, incluyendo los costos de mantenimiento y operación.
La legisladora sostuvo que el proyecto podría quedarse únicamente en una idea plasmada en papel, con un costo estimado superior a los mil millones de pesos, recursos que —dijo— podrían destinarse a atender necesidades urgentes en las colonias donde se pretende instalar el teleférico, como seguridad, alumbrado público, recolección de basura, alcantarillado, saneamiento, rehabilitación de calles, drenajes, apoyo a escuelas públicas y fortalecimiento de programas de prevención social.
También subrayó que la Ley de Participación Ciudadana no permite consultas parciales por colonias o zonas para reducir costos, ya que el plebiscito debe realizarse en todo el municipio cuando se trata del uso de recursos públicos municipales. En ese sentido, afirmó que el tema de la movilidad compete a toda la población y no solo a sectores específicos.
Añadió que el IEEQ solicitó al Congreso del Estado emitir una opinión sobre el plebiscito, conforme a lo establecido en la ley, y consideró que dicho proceso debió involucrar a la totalidad de las y los legisladores que integran la Legislatura.
Respecto a la pregunta planteada para el plebiscito, consideró que su redacción es tendenciosa al voto afirmativo, al no incluir información relevante como el costo total del proyecto, los gastos de mantenimiento y la inversión requerida, elementos que permitirían a la ciudadanía emitir una opinión informada.
Finalmente, informó que presentará una iniciativa de reforma a la Ley de Participación Ciudadana para establecer la obligatoriedad de contar con estudios técnicos y proyectos definidos antes de convocar a un plebiscito.
